Mientras el Gobierno evalúa qué hacer con los rellenos de los que tomó posesión en la calzada de Amador, por ser construidos ilegalmente, en Colón surgió un caso similar que envuelve a la polémica empresa Ocean Pollution Control (OPC) y a ex funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Este relleno de área de mar está cercano al puerto de Manzanillo, Colon Container Terminal, la terminal de cruceros Colón 2000 y el Club Náutico de la provincia. Una ubicación ideal: desde allí se mueve más de la mitad de la actividad portuaria del país.
Al principio, OPC vendió el proyecto en la AMP como un tema de Estado, sustentando que necesitaba operar desde ese lugar sus equipos de control de contaminación en caso de un derrame de petróleo, como se lo exige la concesión que obtuvo con el Estado en 1998.
Por esa concesión, OPC cobra una tasa de seguro a cada barco que pasa por Panamá, un negocio que nunca ha sido auditado.
Ahora, OPC –que tiene un permiso provisional de 11 meses– no esperó la autorización definitiva para empezar a rellenar fondo de mar y construir su nuevo proyecto, que va más allá de una base operativa, ya que involucra actividad comercial y portuaria.
La acción contradice la resolución de la junta directiva de la AMP del 24 de noviembre de 2008 que dice: “Esto no constituye un permiso de ocupación y por lo tanto no autoriza el inicio de operaciones de la empresa OPC en el área hasta la formalización del respectivo contrato”.
La pasada administración de la AMP movió todos los trámites de la empresa entre diciembre de 2008 y abril de 2009, y a pesar de que conocía del relleno lo pasó por alto, según la documentación a la que pudo acceder este diario.
Todo estaba definido: OPC solo pagaría mil 569 dólares mensuales –a razón de 11 y 14 centésimos por metro cuadrado– por un período de 20 años prorrogables. No hay información oficial sobre hasta donde avanzó OPC con su relleno y el rompeolas, pero la empresa había solicitado casi dos hectáreas.
Incluso el administrador de la institución, Fernando Solórzano, que ahora es consultor de OPC, intervino para mediar en un conflicto privado entre la empresa y el Club Náutico de Colón para dejarle el campo abierto al proyecto.
Pero no es hasta que la AMP envió el contrato para refrendo de la Contraloría, que se conoce el verdadero objetivo comercial de OPC en este relleno no autorizado.
El documento, que tanto la AMP como OPC esperaban que pasaría sin problemas, establece que OPC tendría el derecho de “construir, operar, administrar, subcontratar y dirigir una terminal marítima de servicios, control de contaminación, pasajeros, carga y servicios de carga”. Los mismos servicios que brindan los puertos vecinos.
El 6 de julio de este año, la OPC sufre un revés. La Contraloría devolvió sin refrendar, a la AMP, el contrato de concesión que le había mandado Solórzano en la administración pasada, y listó una serie de interrogantes sobre la fianza y el tipo de inversión.
La nueva administración de la AMP indicó que ya empezó a investigar este caso, en el que también hay un conflicto por el área de fondo de mar e irregularidades en el manejo de los permisos.
OPC aceptó que ya ocupó el lugar y que realizó rellenos en un área que pertenece a la AMP, sin contar con la concesión aprobada. Tampoco pudo negar que su interés en la concesión tiene nuevos fines comerciales propios de una terminal portuaria.
Sin embargo, rechazó que haya una ilegalidad, ya que afirma que el permiso provisional le permitía construir bajo el riesgo de que perdiera las instalaciones, una vez tuviera el estudio de impacto ambiental y los trámites municipales aprobados. “Sí se está construyendo un relleno y otras facilidades, pero ello no constituye una ocupación”, trató de explicar José Miguel Guerra, vocero de OPC.
Ello no solo va en contra de la resolución de la AMP, sino también del proyecto de concesión que establece claramente que no se puede poner en marcha la obra hasta tener el refrendo.
Guerra dijo desconocer la documentación en la que se le prohíbe a OPC ocupar el lugar. “No hemos tenido acceso al expediente y a las preguntas del Contralor. No sé cómo La Prensa lo tuvo”, comentó.
Sin embargo, defendió la construcción señalando que OPC necesita de una base operativa en el Caribe por obligación de su concesión original. “En lugar de estar pagando un alquiler al Club Náutico, nosotros preferimos pagarle a la AMP por el uso de su terreno”, explicó Guerra.
Club Náutico dice que fue engañado por OPCEn 2001 el Club Náutico creyó que había firmado un buen contrato de arrendamiento. Pero años más tarde se dio cuenta de que fue un gran error, y que ahora tiene que pelear para no perder su acceso al mar; la razón de ser de su actividad marítima.
Todo surge cuando el club aceptó firmar un acuerdo con OPC –por el alquiler de 258 metros cuadrados en su propiedad– para que la empresa pudiera dar los servicios de control de contaminación en caso de un derrame en las embarcaciones que transitan por aguas panameñas. Luego de algunas diferencias, el Club Náutico trató de proteger su operación pidiendo los derechos de mar frente al terreno que ha ocupado desde 1960. Pero Javier Serrano, representante del Club, denunció que OPC también reclama “sin derecho” el fondo de mar frente a los terrenos del Club Náutico. El caso fue presentado ante la nueva administración de la AMP, que también lo sometió a una revisión.
Según Serrano, el gobierno pasado retrasó la primera solicitud del Club para luego declarar un traslape con la solicitud de OPC. “Vemos que hubo interés de beneficiarlos a ellos”, di-jo Serrano refiriéndose al ex administrador de la AMP Fernando Solórzano. OPC confirmó que pide esa concesión, pero dijo que dejará la decisión en manos de la AMP. También defendió la contratación de Solórzano como consultor, y dijo que mientras él estuvo en la AMP no hubo conflicto de interés.
