Nació en 2006 al calor de la campaña electoral a favor de la ampliación del Canal de Panamá con una oferta tentadora: 500 millones de dólares para obras de infraestructuras, repartidos en partes iguales en los 621 corregimientos de todo el país.
Pero en vez de mejorar la calidad de vida de los panameños, el Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec) se convirtió en un proyecto ineficiente que terminó malgastando parte del dinero procedente de la vía interoceánica.
Según datos oficiales, el 60% de los 2 mil 408 proyectos que se terminaron hasta la fecha presentaron múltiples problemas. Unos no se lograron terminar y otros, recién estrenados, ya se encuentran en ruinas.
Una investigación de La Prensa, que incluyó un recorrido por ocho provincias a lo largo de tres meses, dejó al descubierto una cadena de malos manejos del dinero que gira anualmente el Canal al Estado para obras de infraestructura.
La falta de personal idóneo que elabore y fiscalice los proyectos y la baja calidad de los materiales, así como el abandono de las obras por parte de los contratistas, han dado pie a que se cometan múltiples fallas y retrasos.
Además, varias obras se pagaron con sobreprecios. Todo, bajo la mirada complaciente de las autoridades.
Los problemas que presenta el Prodec no son nuevos: comenzaron durante la presidencia de Martín Torrijos, cuya gestión lanzó el programa el 9 de enero de 2006, y continúan hoy bajo la administración de Ricardo Martinelli.
El director nacional del Prodec, Vladimir Herrera, lejos de defender el programa, admitió que es ineficiente y que requiere profundas reformas. “Es indiscutible que como encontramos el programa requiere de cambios importantes. Pero el programa ha hecho lo que otras instituciones no habían hecho y no iban a hacer, porque no están en el orden de sus prioridades”, dijo Herrera.
Herrera no explicó, sin embargo, por qué no se reformó el programa a pesar de que continúa operando con serias ineficiencias.
En el caso del Prodec, no hubo “cambio”.
Tantos problemas presenta el programa que hasta el propio Presidente reconoció, el pasado 13 de agosto, que el Prodec debe trabajar con más celeridad para dar respuestas al pueblo y “no andar manga por hombro”.
Sobre el retraso en la entrega de las obras, otra dificultad que presenta el programa, Herrera dijo que los proyectos comenzaron a ejecutarse a partir de 2008, y no de 2006, cuando se creó Prodec.
Actualmente la Contraloría, según informó Herrera, realiza una auditoría integral para conocer el estado real del programa, pero no dio detalles sobre la investigación ni cuando comenzó.
La Prensa contactó a la Contraloría para conocer los pormenores de la auditoría. La auditoría, que se empezó por la provincia de Chiriquí, tiene un 65% de avance, pero la entidad que dirige Gioconda de Bianchini no dio más detalles.
Mientras esto ocurre, en varias provincias la gente perdió el interés en participar de las consultas públicas, la parte medular del programa. Es que el Prodec nació para permitir que la gente, sin intermediarios, elija en una reunión abierta en qué proyectos quiere invertir el dinero del Canal. Como el reparto es fijo –80 mil dólares anuales para cada corregimiento del país– los pobladores pueden escoger una sola obra o varias. Los encargados de organizar las consultas ciudadanas en cada corregimiento son funcionarios del Prodec. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asesora y asiste al Estado en el programa.
Pero lo que nació como un programa “de panameño a panameño” hoy se perdió. Mucha gente dejó de ir a las reuniones por la falta de respuestas, según fuentes del programa. Incluso, hay quejas de cambios de obras sin previo aviso. Así ocurrió en la provincia de Los Santos, donde la gente se quejó de que fueron invitados en varias ocasiones a reuniones para seleccionar los proyectos, pero meses después fueron cambiados o simplemente no se realizaron, según informó un funcionario del organismo en esa provincia.
Desde enero pasado hasta la fecha, la gestión de Martinelli realizó 550 consultas ciudadanas para escoger los proyectos que se realizarán durante 2010. Sin embargo, han pasado ocho meses y ninguna de las obras está en construcción. Todas se encuentran en el proceso de licitación, detalló Herrera.
Según cifras oficiales, desde el inicio del programa se han destinado 225 millones de dólares para diferentes proyectos, entre terminados y en ejecución, que incluyen diversas obras: acueductos, caminos, rehabilitación de escuelas y centros de salud, construcción de centros deportivos y recreativos, entre otros.
De ese monto, ya se han pagado a los contratistas 155 millones de dólares. Todo, a pesar de que más de la mitad de las obras presentaron problemas graves y las empresas contratadas no se hicieron responsables de las reparaciones.
Para poder cobrar, las obras necesitan pasar por una verificación de inspectores del Prodec y de funcionarios de la Contraloría. Todas las obras con problemas, según fuentes del programa, tenían el visto bueno de las dos instituciones.
Esto ocurrió, por ejemplo, con los vestidores que se remozaron en el gimnasio del colegio José Daniel Crespo de Chitré, en Herrera. La obra concluyó en marzo de 2009 y solo cuatro meses después los azulejos nuevos que se colocaron se desprendieron. La empresa Industrias Villadea S.A. cobró el 90% de los 72 mil 400 dólares que costó la obra. Nadie se hizo responsable de las reparaciones.
En el distrito de Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, se construyó durante la gestión de Torrijos una gradería en un cuadro de fútbol. Sin embargo, las mejoras no costaron los 20 mil dólares que se pagaron, de acuerdo a informes oficiales. A pesar del sobreprecio, los pagos al contratista se realizaron con el visto bueno del propio Prodec y del personal de fiscalización de la Contraloría.
Herrera dijo que la mayoría del personal fue reemplazado y que si la auditoría que pidió a la Contraloría determina irregularidades por parte del personal se presentarán las denuncias contra los responsables.
Por su parte, la directora de Auditoría General de la Contraloría, Margot Fuentes, dijo que el reparto de responsabilidades por los malos manejos se podrá conocer tras la ejecución de las auditorías y con la presentación de los informes a la Justicia si surgen perjuicios económicos contra el Estado. Fuentes informó que se estableció un equipo de trabajo para la revisión y apoyo a la gestión administrativa del Prodec y que, además, se está ejerciendo el control posterior mediante auditorías planificadas en el ámbito nacional. Nada dijo sobre los empleados de la Contraloría que avalaron las obras defectuosas.
El ex director del Prodec durante la gestión de Torrijos, Julio Aizpurúa, afirmó que bajo su administración se siguieron todos los procesos que se establecieron para que las obras se entregaran tal cual lo exigía el pliego de cargo. Reconoció que sí hubo fallas, como se presentan en cualquier obra, pero que se llamaba a las empresas para que realizaran las mejoras requeridas.
Las obras, algunas en ruinas, no le dan la razón.
