La Defensoría del Pueblo dio a conocer, este 3 de octubre, mediante un comunicado, que el ombudsman Alfredo Castillero Hoyos no compareció ante la comisión de la Mujer, la Juventud y la Familia, de la Asamblea Nacional, porque no se le brindaban las garantías necesarias para tratar el tema de las supuestas denuncias hechas en su contra.
La información fue emitida luego de conocerse esta tarde que la Comisión recomendó al pleno de la Asamblea Nacional la remoción de Castillero Hoyos −blanco de una investigación por un supuesto caso de acoso sexual− del cargo de defensor del Pueblo, por supuesta negligencia y no contar con solvencia moral.
La Defensoría señala que a Castillero no se le dio acceso a la documentación que sirvió como sustento para la creación de la Subcomisión que recabó la información sobre las supuestas irregulares dentro de la Defensoría del Pueblo, a las cuales tenía derecho.
"Tal como fuera comunicado mediante nota enviada a la Comisión (Nota DDP. RP-D.S. No120-19 de 02 de octubre de 2019), lo anterior constituye una restricción sumamente grave al derecho a la defensa del titular de esta institución nacional de derechos humanos, a quien no se le ha dado respuesta a la fecha sobre las dos solicitudes presentadas los días 19 y 27 de septiembre de 2019 acerca de información que guarda relación directa con la solicitud de comparecencia. Esta falta de acceso a las supuestas denuncias en contra del defensor del Pueblo, que han clasificado como confidencial y de acceso restringido, impidió conocer los señalamientos para ejercer el derecho al contradictorio", agrega el comunicado.
Mas temprano, los diputados integrantes de la comisión legislativa leyeron una resolución donde −de forma unánime− indican que Castillero Hoyos ha incurrido en elementos, situaciones o hechos "contrarios" al ejercicio del cargo, de conformidad con la Ley No. 7 del 5 de febrero de 1997 por medio de la cual se crea la Defensoría del Pueblo.
La nota dice también que toda acusación formulada en contra de una persona debe estar sujeta a las normas del debido proceso, incluso aquellas presentadas ante la Asamblea Nacional en contra de altos funcionarios del Estado, como lo es el defensor del Pueblo.
Añade que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el particular, mediante comunicado de 2 de septiembre de 2016, en el cual manifestó que los juicios políticos ante los parlamentos, congresos y asambleas deben estar ausentes de irregularidades, arbitrariedades y violaciones al debido proceso, criterio con el cual no ha cumplido la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia al incurrir en restricciones al derecho a la defensa del Defensor del Pueblo.
Esta comisión legislativa está presidida por la diputada perredista Zulay Rodríguez.
Finalmente, el comunicado señala que "resulta preocupante que las actuaciones de la Comisión el día de hoy confirmaron nuestras advertencias sobre la intención de sus miembros de solicitar la remoción del Defensor del Pueblo al Pleno de la Asamblea, mediante una sesión preparada con ese único fin, aun cuando hayan querido simular ante la faz del país el cumplimiento de un procedimiento justo y equitativo, que en este caso no se dio".
El informe sobre este caso será remitido por la Comisión al pleno legislativo el próximo lunes 7 de octubre.
Si el pleno acoge la recomendación de separación del cargo la defensora adjunta Maribel Coco asume como defensora encargada, de acuerdo con lo que señala la Ley 41 de 2005. Coco ha dicho que tiene la capacidad para ejercer esa posición.
Sus declaraciones se dieron luego de que organizaciones civiles como la Red de Derechos Humanos, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la Fundación Iguales, alzaron sus voces de protesta por la designación de Coco, quien es una antigua militante del oficialista Partido Revolucionario Democrático.
También se conoció que Coco fue destituida como docente de la estatal Universidad Especializada de las Américas (Udelas), acusada de “plagio”.
[Lea aquí: Maribel Coco fue destituida como docente de la Udelas por 'plagio']
El Consejo Académico de Udelas del pasado 9 de agosto sustenta en un acuerdo la decisión en que la educadora se apropió o usó “ indebidamente textos, datos, trabajos, materiales o información de terceros en el ejercicio de una actividad académica”.
