El 26 de noviembre de 2015, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció la eliminación del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y la creación de una estructura completamente diferente que se regiría por la ley de contrataciones públicas del Estado. La iniciativa llevaría el nombre de Dirección de Asistencia Social (DAS) y comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2016.
Entre julio de 2014 y diciembre de 2015, la Contraloría General de la República refrendó al extinto PAN contratos, cheques y órdenes de compra por, al menos, $20 millones de forma fraccionada.
De acuerdo con información que aparece en el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos de la Contraloría, el PAN otorgó contratos a varias empresas a través de cheques inferiores a $300 mil para un mismo servicio.
Por menos de esta cifra, el director del PAN, Rafael Stanziola, podía adjudicar un contrato a su discreción en lugar de tener que someterlo a la aprobación del Consejo Directivo de la entidad, compuesto por él, los ministros de la Presidencia, de Obras Públicas, de Educación, de Desarrollo Social y por el presidente de la Asamblea Nacional.
Entre las compras fraccionadas, por ejemplo, aparecen los $3.4 millones que el PAN otorgó a tres empresas a favor del programa Techos de Esperanza, que ejecuta el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y que hoy es motivo de una investigación del Ministerio Público (MP).
Durante la administración del presidente Juan Carlos Varela, el PAN ha enviado a la Contraloría, para refrendo, poco menos de 400 actos por más de $100 mil, para un total de $125 millones.
FLUJO DE MILLONES
Gran parte de los cheques por menos de $300 mil elaborados en la gestión de Stanziola incluye pagos a contratos otorgados en la administración de su antecesor Rafael Guardia, preso en el centro penitenciario El Renacer.
Por ejemplo, el 27 de abril de 2015, el PAN presentó dos cheques en la Contraloría a favor de la empresa Ingeniería y Remodelaciones Civiles, cuyo presidente es Óscar Méndez Rodríguez, según el Registro Público. Uno fue por $152 mil y el otro, por $214 mil.
En mayo y noviembre del mismo año el PAN pidió refrendar otros dos, por $284 mil y $116 mil. Todos a cuenta del contrato de diseño y construcción de puentes en la provincia de Coclé, otorgado en 2013.
Otro contrato que pagó Stanziola, de forma fraccionada y que data desde 2013, es el otorgado al consorcio Great View, que preside Luis Aragón Luna. Ese año se estableció que la empresa estaría a cargo de la recolección y transporte de basura en el distrito de Panamá.
La actual administración ha elaborado, al menos, 38 cheques a esta compañía por un total de $4.8 millones. Todos por montos menores a $300 mil. Los pagos incluyen una adenda al contrato, presentada para refrendo de la Contraloría el 27 de noviembre de 2014, por $4.2 millones.
Consorcio Great View no es la única empresa que brindó sus servicios en el gobierno del Ricardo Martinelli y mantiene su suerte en el de Varela. Dentro de las compras fraccionadas también aparece Ashé Entertainment Group, mejor conocida como Showpro.
Entre el 25 de noviembre de 2015 y 14 de enero de este 2016, el PAN mandó a refrendar tres contratos por $287 mil, $250 mil y $245 mil. Todos para decoración navideña. Uno estipulaba que fuera en nueve parques del país, otro para el Parque Recreativo Omar y otro para el Casco Antiguo.
MÉTODO SIMILAR
En el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos de la Contraloría se desprenden los pagos fraccionados a proyectos otorgados por la administración de Stanziola.
Por ejemplo, el 18 de agosto de 2015 el PAN envió para refrendo cuatro cheques a favor de Gopamo, presidida por Bolusiano París Martínez, por un total de $596 mil, divididos en pagos menores a $200 mil cada uno.
Todos para el diseño y construcción de la nueva sede del Ministerio de Obras Públicas en Los Andes, San Miguelito.
Catorce días antes –el 4 de agosto de 2015– la Contraloría recibió tres cheques para su refrendo para la rehabilitación del camino Limón-Nueva Providencia, a cargo de la empresa Centro Equipos. En conjunto, los cheques suman $482 mil, pero cada uno es por una cifra que oscila entre los $150 mil y los $170 mil.
Igual metodología se utilizó para gestionar los proyectos de adquisición e instalación de equipos de bombeo “para la región”, por $478 mil, a favor de Contratistas Generales y Eléctricos, que preside Rafael Muñoz Agudo.
Además, para el proyecto especial, que no se detalla en los cheques, por un total de $473 mil a Asfaltos Panameños, cuyo presidente es Diego Pardo.
La contaminación con atrazina del río La Villa a finales de 2014 también aparece entre los cheques girados por el PAN.
El 2 de diciembre de ese año se presentaron a Contraloría dos cheques, por $159 mil cada uno, para la compra de botellas de agua para las ciudades de Chitré y La Villa.
La empresa favorecida fue Eurofusión, cuyo presidente, de acuerdo con el Registro Público, es Michael Horth.
Sobre estos pagos fraccionados, este medio envió un cuestionario a Stanziola y a Manuel Domínguez, secretario de Comunicación de la Presidencia. Al cierre de este edición no hubo respuesta de ninguno de los dos funcionarios.
DE NUEVO EL MIVIOT
En las compras fraccionadas para favorecer al programa Techos de Esperanza, que desarrolla el Miviot, destacan los $2.1 millones que recibió Airco, propiedad de Pedro Vallarino Trombetta, contratada en, al menos, 22 ocasiones por cifras menores a $300 mil en momentos en que era directivo de la Caja de Ahorros.
También está Fiorazio de Panamá, que recibió $622 mil divididos en tres cheques.
Royal Construction Panamá, por su parte, fue contratada directamente por el PAN por casi un $1 millón, y por el Miviot, mediante una licitación abreviada, que se abrió el 24 de diciembre de 2014 y en la que solo propuso esa empresa. Este último contrato fue por $10.8 millones.
Por estos contratos, el MP abrió una investigación al considerar la existencia de división de materia, que, según el Decreto No. 366 del 28 de diciembre de 2006 que reglamenta la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006 –conocida como Ley de Contrataciones Públicas– existe “cuando una entidad suscribe contratos por un mismo producto o servicio en un término de tres (3) meses en el mismo período fiscal, cuando sumadas las cuantías de estas propuestas o contratos, estas superan la suma de $30 mil en dicho período”.
Precisamente, la Contraloría se negó a refrendar esos contratos, por lo que Stanziola, el 18 de mayo de 2015, los sometió para su aprobación a través del Consejo Directivo de la entidad, para así reenviarlos al Contralor para su aval bajo la figura de insistencia, en la que el cuerpo directivo se hace responsable de las compras.
Consultado sobre estas primeras contrataciones, Stanziola dijo que todas se hicieron en estricto apego a la ley, ya que el PAN no se regía en aquel momento por la Ley de Contrataciones Pública. El cambio del PAN a DAS incluye este reglamento como su marco legal.
Incluso, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que dirige Angélica Maytín, había advertido al propio Stanziola de la presunta comisión de división de materia en su administración.
Sin embargo, estos no fueron los únicos pagos fraccionados que otorgó el PAN al Miviot. El 24 y 25 de marzo de 2015, la institución presentó a la Contraloría cinco cheques, por $1.2 millones, para el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración en el diseño y construcción del proyecto Urbanización Renacimiento.
Solo uno de los cheques fue por más de $300 mil ($363 mil), mientras que los demás fueron por $294 mil, $177 mil, $267 mil y $111 mil. La empresa seleccionada fue Civil Work, presidida por Edith García de Paredes.
El titular del Miviot, Mario Etchelecu, anunció que hoy acudirá a la Procuraduría para ponerse a disposición Kenia Porcell, quien dirigirá la investigación al incluir a un funcionario de mando y jurisdicción, como Etchelecu.
“Esta es una excelente oportunidad de rendir cuentas como debe ser”, añadió el titular del Miviot.
Por su parte, Varela dijo que confía en que las pesquisas no arrojarán ningún tipo de irregularidad. “Yo siento que el ministro va a salir bien de esa investigación, pero tiene que pasar ese proceso”, precisó.
“No tengo pérdida de confianza [en los funcionarios]. Si ya la hubiera perdido, les habría pedido la renuncia”, añadió.
