BÚMERAN. El tantas veces mencionado “juega vivo” que, se supone, nos caracteriza a los panameños, tiene muchas manifestaciones. Una de ellas, sin duda, fue el proceso de aprobación de la Ley 30, bautizada por el ingenio popular con toda clase de motes culinarios. La falta de mención de los importantes temas a reformar en el título del proyecto, o la parquedad del hoy ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, cuando llevó el mamotreto a la Asamblea, son solo dos elementos del juega vivo oficial que hoy están pagando, y estamos pagando. El pasado jueves, cuando varios compañeros de esta casa intentaban llegar a Changuinola, preguntaban a los indígenas que se encontraban en los retenes del camino la razón de su protesta: “la ley 9 en 1”, decían sin dudar.
Es decir, con su estrategia juega vivo, el Gobierno obtuvo justo lo que no quería: que sus reformas fueran conocidas y repudiadas hasta por el más humilde panameño. ¿En qué cabeza cabe que se pueden eliminar, reducir o modificar conquistas laborales logradas en luchas históricas, sin un diálogo previo? La gobernabilidad en un sistema democrático no se logra solo al obtener el favor de las mayorías en una elección popular; ni con mayorías legislativas obtenidas a cambio de favores crematísticos. En las complejas sociedades modernas, la gobernabilidad se logra respetando a las minorías y el disenso, escuchando la voz de los grupos de la sociedad civil que trabajan con agendas públicas, buscando consensos y, sobre todo, se logra con transparencia. El cambio prometido no pasa –no puede pasar– por el juega vivo de siempre.
