PRUDENCIA. Coincidiendo con el inicio de las discusiones del tema ambiental en la mesa del diálogo surgida tras la cadena de torpezas que produjo la Ley 30, la Fundación MarViva organizó esta semana un evento para analizar el llamado “principio precautorio”, que constituye una regla fundamental del derecho internacional ambiental. Regla que, además, es parte de nuestro ordenamiento jurídico por mandato constitucional, aunque en la Presidencia y en la Anam no se hayan enterado. En desarrollo de este principio, o paralelo al mismo, se ha construido el sustento jurídico de los instrumentos de evaluación y gestión ambiental, siendo el estudio de impacto ambiental el más conocido.
Como se sabe, este instrumento se convirtió en opcional con la aprobación de la “ley chorizo”, gracias a la clandestina y alevosa acción de los abogados que pululan por el Palacio de las Garzas. Al evento asistieron magistrados de la Corte Suprema, ambientalistas, funcionarios de organizaciones internacionales e instituciones del Estado, científicos y juristas. ¿La Anam y su flamante director? Brilló por su ausencia, como si el tema no fuera con él.
Después de escuchar las diversas ponencias, el magistrado Harley Mitchel relató una aleccionadora anécdota de sus tiempos como diputado, cuando llegó a sus manos el contrato de concesión que el gobierno de la época negoció con la empresa Petroterminal.
Recuerda el magistrado que, antes de analizar el contrato, se impuso un particular “principio precautorio” que provocó que solicitara la suspensión del debate hasta que se hiciera un inventario de la biodiversidad del área y cómo se afectaría con la obra. En espera de esta información, la discusión del contrato estuvo suspendida por tres meses. Justamente de eso se trata: de un deber de prudencia por parte de los gobernantes y de los tomadores de decisiones. Ese es el tema de fondo de lo sucedido en materia ambiental con la Ley 30. Prudencia. Una palabra que no parece conoce la “Patria Loca”.