ILUSIÓN. En 2007, durante la administración del hoy viajero a nombre de la Internacional Socialista, Martín Torrijos, los grupos ambientalistas locales le solicitaron una moratoria para la actividad minera que ya se impulsaba con fuerza. A diferencia del actual inquilino del Palacio de las Garzas, que suele golpear duro cuando se le contradice, don Martín miró para otro lado y puso cara de aburrimiento. Para entonces, era ya experto en administrar con éxito sus silencios. Jamás contestó y la minería continuó siendo apoyada por la Patria Nueva, con el mascarán de proa de Petaquilla Gold y su abanderado mayor, Richard Fifer.
Entre los argumentos usados para sustentar la moratoria, se citaba la obsolescencia del Código Minero de 1963 y se pedía su modernización. Se alegaba entonces que en materia de multas y afectaciones ambientales, el Código no proveía las herramientas para hacerle frente a una actividad tan peligrosa. Sin embargo, eliminar la prohibición de que otros países pudieran participar en actividades de extracción minera en Panamá, nunca fue parte del objetivo modernizador del Código Minero. Pero justamente ahora, ese asuntillo –que además está en el primer artículo del proyecto que seguramente será aprobado por la nueva aplanadora legislativa– es el quid de toda la reforma. Ya sabemos que Corea y Singapur, entre otros países, se relamen –junto a los señores del Cambio y de la Cámara Minera– ante la vista de Cerro Colorado.
No importa cuántos anuncios paute el Gobierno para mentir en pantalla plana y en ondas hertzianas. Esta reforma tiene ese único objetivo. Que de paso subieron un poco las regalías, pues sí; pero ese ridículo 4% no compensa ni compensará el daño irreversible que se causará a esa rica biodiversidad que constituye la verdadera riqueza de este país. Imaginé, ilusa yo, que la crisis del agua que hemos vivido haría recapacitar a don Ricardo Martinelli, o al menos a Roberto Henríquez. Ilusa yo.
