DECISIÓN. El triunfo de ayer tiene un regusto agridulce. Resulta –presidente Martinelli dixit– que los enfrentamientos de los últimos días fueron “provocados por grupos radicales que se aprovechan de la nobleza y la valentía del hermano pueblo Ngäbe Buglé”, y que la mayoría de los panameños no entiende de qué va la minería. Dos irrespetos de un solo plumazo.
El pueblo Ngäbe Buglé luchó con una valentía y entereza que nada tienen que ver con “instigaciones” de ambientalistas ni extranjeros por una razón que, imagino, no entienden los señores del cambio: un amor por la madre Tierra que no se mide en dinero, oro o cobre.
Si alguien trató de embaucarlos con espejismos fueron otros. No en vano la ministra Roxana Méndez tuvo que ordenar la salida de los extranjeros de la comarca; y no se trataba de ambientalistas o defensores de derechos humanos. Se trataba de promotores de la minería contratados por las empresas que pretendían allanar su entrada triunfal al área.
Y con respecto a la “ignorancia” de la mayoría de los panameños sobre la minería a cielo abierto, me parece que es al revés. Justamente porque se tiene mucha información sobre los irreversibles daños que produce, especialmente en climas tropicales como el de Panamá, es por lo que esta actividad es mayoritariamente rechazada en Panamá. Por eso, lo agrio del momento es constatar que el señor Presidente de la República sigue sin entender cómo funciona la democracia y qué son los derechos humanos (entre los que está vivir en un ambiente sano y poder protestar).
Cuándo entenderá que ganar las elecciones de forma tan contundente como lo hizo (prometiendo un cambio que nos hemos quedado esperando) y tener mayoría legislativa no es una patente de corso para pisotear a los que opinen distinto. Escuchar y respetar las voces disidentes es un imperativo de la democracia. Por ello, avergüenza lo sucedido con los periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato. Tras su detención y expulsión del país, la maquinaria propagandista del gobierno habló.
Y en una pieza digna de antología, un dirigente panameñista asegura que “en cualquier otro país deportarían a un extranjero por participar en manifestaciones”. Me advierte una gran amiga que este señor se debe referir a países como China, Cuba, Malasia o Malawi. Panamá, por el contrario, debe cumplir con los convenios internacionales de derechos humanos que ha suscrito, y garantizar los derechos fundamentales a las personas sin distinción de su nacionalidad. Panamá tiene que decidir de qué grupo de países quiere formar parte.
