El Comité Ecuménico, depositario y garante de que los acuerdos para reformar el sistema judicial se cumplan, sonó la voz de alarma: el Pacto de Estado por la Justicia está en crisis.
“No se convoca a ninguna reunión y no se le presta atención a las recomendaciones hechas. Una buena manera de hacer que las cosas desaparezcan del escenario es, precisamente, el código del silencio”, dijo Roberto Bruneau, representante de la organización que aglutina a las iglesias cristianas del país.
Además, el plazo que se dio para que se implementaran los 28 acuerdos que se entregaron en septiembre de 2005, luego de la crisis que se desató en la Corte Suprema de Justicia a raíz de las acusaciones de corrupción entre magistrados, vence en diciembre de 2009 y hasta la fecha hay 35% de avance.
A raíz de esta situación, el Comité Ecuménico solicitó al presidente de la República, Ricardo Martinelli, una reunión. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.
“La idea no es entorpecer la gestión del Gobierno, sino entrar en un diálogo sincero”, explicó Bruneau, quien no descarta que el Comité Ecuménico abandone la Comisión de Estado por la Justicia, en caso de que no se den luces sobre el cumplimiento de los acuerdos.
La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, también ve con preocupación el tema. “En este momento no existe un liderazgo en la Comisión de Estado por la Justicia que ayude a llamar a todos los actores para actuar de manera coordinada y definir prioridades. Cada actor de la Comisión de Estado anda por su lado”, agregó.
Lo que sucede, desde el punto de vista de Castillo, es que en Panamá estamos acostumbrados a improvisar y no tenemos la cultura de seguir agendas de Estado sino agendas de gobierno.
“Estamos acostumbrados a actuar dependiendo de la coyuntura y por episodios”, puntualizó. Incluso, recordó que las agencias de cooperación internacional han invertido millones de dólares en el seguimiento a los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, “pero lastimosamente no existe un orden ni prioridades claras”.
“Han pasado cuatro años y los ciudadanos seguimos con un sistema de justicia penal y una justicia administrativa de policía del siglo XIX”, dijo Castillo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el 29 de junio de 2007 un préstamo de 21.6 millones de dólares para el programa de mejoramiento a la administración de justicia. Por su parte, el Estado debía invertir 8.4 millones de dólares.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia envió a la Asamblea Nacional una serie de proyectos de ley, con lo que busca cumplir con la parte que le concierne en el cumplimiento de los acuerdos logrados en el Pacto de Estado por la Justicia.
