Más de la mitad de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia no ha salido del papel.
Un mapa de monitoreo realizado por la Alianza Ciudadana pro Justicia a enero de 2010 revela que 58.6% de los acuerdos ha sido ignorado, en tanto que se desconoce el estado del 20.7% de las propuestas consensuadas en la mesa.
De hecho, del fruto de ese foro –que nació en marzo de 2005 a raíz de los señalamientos de corrupción entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia– solo alcanzó a seis (20.7%) de los 29 acuerdos que se entregaron al Gobierno para cambiar el sistema de justicia.
Y el retraso no obedece a que no se establecieran plazos o parámetros de trabajo. Las tareas pendientes tenían como fecha para su implementación, diciembre de 2009. Sin embargo, ni el gobierno de Martín Torrijos ni el de Ricardo Martinelli asignaron los recursos para que fueran llevados a la práctica.
“Este año [2010], la Comisión de Estado por la Justicia solo se ha reunido una vez. Nos sentimos atados de manos, pues el Gobierno nos dijo claramente que no aportará los fondos, porque el Pacto no fue suscrito en esta administración”, señaló Roberto Bruneau, miembro del Comité Ecuménico, garante de que los acuerdos se cumplieran antes de 2010.
Según Bruneau, a principios de este año el entonces ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino (hoy ministro de Seguridad), fue claro. “Dijo de salida que no estaban para consultar, sino para gobernar. No hay voluntad política”, sostuvo.
“Es una lástima, pues allí hubo inversión de tiempo y de dinero, sin que se obtuvieran resultados. Es frustrante”, indicó Bruneau.
