Doce años esperaron 237 panameños –ex trabajadores del Ferrocarril de Panamá– para que el Estado les pagara una millonaria suma en concepto de pasivos laborales, como resultado de la privatización de ese medio de transporte en 1998.
En total, el pago fue por $16 millones de dólares. Cada uno obtuvo un monto diferente: algunos cobraron $50 mil, otros $70 mil e incluso hubo uno al que le pagaron $150 mil.
El hecho ocurrió ayer en un sencillo acto en la antigua sede del Ferrocarril en Balboa, al que asistió el presidente, Ricardo Martinelli; el ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, y el director de la Autoridad Marítima de Panamá, Roberto Linares.
Fue una mañana esperanzadora para este grupo de personas que, mayoritariamente, tiene la edad de jubilación.
Donald Miller, vocero de los ex funcionarios, narró que unos 60 ex ferroviarios ya murieron. Ahora sus familiares esperan un juicio de sucesión para recibir la indemnización.
No obstante, pese al optimismo por la entrega de los cheques, una queja fue constante: la alta suma de dinero que se les descontó en concepto de impuesto sobre la renta. Por ejemplo, Daniel Méndez (nombre ficticio), recibió un cheque de $56 mil, y le descontaron $16 mil. “Es una injusticia”, dijo.
Al presidente Martinelli le llamó la atención el hecho de que los abogados que representaron a estas personas cobraran el 20% del total de lo pagado, por lo que prometió que de ahora en adelante una comisión, en la que estará el ministro Papadimitriu, se encargará de casos como estos para darles agilidad. También les mandó un consejo a los ex ferroviarios: “No se lo gasten todo; ahorren”, dijo.
