Panamá se ha convertido en el paraguas protector de personas que buscan asilo bajo el argumento de que son “perseguidos políticos”.
Entre ellos hay expresidentes, militares, un exministro y, recientemente, llegó la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia María del Pilar Hurtado.
Algunos de ellos tienen hasta 18 años de residir en nuestro país, en lujosos condominios y teniendo una vida normal, sin nada que temer.
Desde el 7 de junio de 1993, bajo el mandato de Guillermo Endara (q.e.p.d), se le concedió asilo territorial al expresidente de Guatemala Jorge Serrano Elías, quien tiene 18 años de vivir en Panamá junto con su esposa, sus cinco hijos y nietos nacidos en el país.
En esta misma fecha, durante el gobierno de Endara se le concedió asilo al exministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Perdomo, colaborador de Serrano Elías.
Contra ambos hay solicitudes de extradición y órdenes de captura internacional, pero todas han sido negadas por el Gobierno panameño. Ambos son acusados por enriquecimiento ilícito y corrupción.
Mientras, al mes y 12 días de comenzar el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, Panamá recibió nuevos inquilinos haitianos: el general retirado Raoul Cedras y el ex jefe de la Policía Secreta de Haití Phillip Biamby, con sus respectivas familias. Además se le concedió asilo territorial al asistente de Cedras, Michelime Valberty.
Cedras derrocó al presidente electo Jean-Bertrand Aristide, en 1991, pero tras la invasión de Estados Unidos se logró expulsar a Cedras y a sus colaboradores, quienes buscaron asilo en Panamá.
Haití, durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, solicitó la extradición de Cedras y Biamby, acusados de violar los derechos humanos de muchos ciudadanos de su país durante su dictadura.
El 24 de abril de 1997, el gobierno de Pérez Balladares acogió al expresidente de Ecuador Abdala Bucaram, a su esposa y sus cinco hijos.
Bucaram es acusado y requerido por la justicia ecuatoriana por malversación de fondos en dos procesos en su contra.
El último caso polémico gira en torno al asilo territorial otorgado por el presidente, Ricardo Martinelli, a la exdirectora del DAS María Pilar Hurtado, a quien la justicia colombiana acusa de los delitos de concierto para delinquir, abuso de autoridad (función pública), violación ilegal de comunicaciones y falsedad.
Contra Pilar Hurtado hay una orden de detención en su contra y a pesar de ello Martinelli ha expresado tajantemente: “Pilar Hurtado se queda en Panamá”.
