Sectores económicos, gremios de abogados y políticos calificaron como aceptable y sensata la posición del Gobierno panameño de implementar el intercambio de información automática de forma bilateral y consistente con los objetivos de las Normas Comunes de Reportes (Common Reporting Standars, o CRS por su siglas en inglés).
Las medidas anunciadas por Panamá se dan luego de las publicaciones desde el pasado 3 de abril de una investigación periodística global que reveló que sociedades extraterritoriales (offshore) creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca habrían sido utilizadas para supuestas prácticas ilegales.
El economista Felipe Chapman señaló que observa como sensata la propuesta hecha por el Gobierno para preservar la integración al sistema financiero global, ante las presiones de gobiernos europeos y organizaciones mundiales para que Panamá fortalezca la transparencia en sus sistemas financiero y legal.
Aseguró que Panamá tiene dos opciones en este asunto, siendo la primera abstenerse de cooperar y de participar, opción que indicó nos llevaría eventualmente a irnos aislando del mundo, con unos costos difíciles de cuantificar para la economía nacional.
La segunda opción, de acuerdo con Chapman, es cooperar, con unas consecuencias también inciertas de cuantificar, pero que probablemente algunos podrían traducir en no querer realizar negocios a través de un país como Panamá, que está integrado en un sistema de intercambio de información.
“Mi intuición me dice que la segunda opción significaría montos negativos sustancialmente menores que la primera opción”, dijo el también presidente de la Bolsa de Valores de Panamá, quien estimó que con la propuesta que ha hecho Panamá a la comunidad internacional “el efecto negativo sería menor”.
Indicó que estos acuerdos de intercambio de información y estándares, que eventualmente se les apliquen a Panamá, deben aplicársele a todos los países considerados como paraísos fiscales para que haya un campo nivelado a nivel global y ningún país tenga ventaja ante otro, en cuanto a competitividad.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, manifestó que Panamá está en una posición extremadamente difícil. Sostuvo que si la Cancillería estudia la oportunidad de entrar en los intercambios de información a través de tratados bilaterales con los países firmantes, esta sería la primera opción, “ y considero que es la mejor”.
Aunque Álvarez apoya esa opción, advierte de que ello no complacería del todo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y habría que ver cuál sería la posición para crear el menor daño posible de parte de las naciones miembros de esta organización, y que no vaya a provocar sanciones al país.
El dirigente del CNA señaló que uno de los puntos que Panamá debe negociar para que se incluya en este tipo de acuerdos “es que se debe dejar claro de que el país no puede perseguir la evasión fiscal, porque aquí esto no es una conducta delictiva”. “Este punto en la mesa de negociaciones debe quedar claro”, advirtió Álvarez.
Manifestó que también el Gobierno debe aclarar cómo se va utilizar la información que se vaya a dar con esos acuerdos de intercambio de información para no ahuyentar inversiones ni capitales de los sistemas financiero y legal de Panamá.
“No todas las personas en el mundo están ocultando sus bienes o dinero, ni tampoco que sus bienes sean ilícitos. En otros países las personas que tienen dinero pueden ser objeto de secuestros para pedir rescates y esos son temas en los que Panamá debe tener mucho cuidado a la hora de negociar esos acuerdos”, advirtió el presidente del CNA.
En tanto, el diputado del partido Panameñista José Antonio Domínguez precisó que los acuerdos de intercambio de información que Panamá vaya a negociar deben ser bilaterales.
Manifestó que estos sistemas de intercambio de información deben incluir a otros Estados que son señalados como paraísos fiscales.
“Estos parámetros no solo se le deben aplicar a Panamá, pues si se quiere hacer las cosas correctamente deben ser aplicados a todos”, sostuvo.
Similar opinión emitió la Asociación Panameña de Derecho Constitucional que preside el abogado Miguel Antonio Bernal, al considerar que la imagen del país se limpia si el Gobierno lidera una “revisión de las legislaciones en materia fiscal, financiera, de sociedades offshore y de blanqueo de capitales y lavado de dinero en la que quede comprometido no solo Panamá, sino Estados Unidos de América e Inglaterra, donde existen paraísos fiscales”.
