A pesar de que el Juzgado Noveno Penal lo sobreseyó definitivamente el pasado viernes y ordenó levantar las medidas cautelares dictadas en su contra en el proceso que se le seguía por blanqueo de capitales, el expresidente Ernesto Pérez Balladares no podrá recobrar de forma inmediata el pasaporte ni el dinero secuestrado en algunas de sus cuentas bancarias, ya que dicho fallo no está ejecutoriado aún.
Y es que el juez noveno penal, Diego Fernández, decidió notificar su decisión ayer mediante un edicto. Ahora la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada tiene cinco días hábiles para apelar o no el fallo.
Lo anterior significa que la fiscalía tiene plazo hasta el próximo martes 10 de mayo para presentar su escrito de apelación.
Si transcurrido ese tiempo el fiscal Marcelino Aguilar no presenta su escrito, se considerará que el fallo está ejecutoriado, lo que llevará a que el Juzgado Noveno Penal devuelva su pasaporte a Pérez Balladares y a los otros tres involucrados en el caso, que tenían impedimento de salida del país.
Además, el juez deberá levantar las medidas de restricción a las cuentas de la empresa Shelf Holding, secuestradas desde abril de 2010, en las que el exmandatario y su secretaria privada Eyda Achón aparecen registrados como firmantes.
El fiscal Aguilar anunció a los medios de comunicación que apelaría la decisión del juez Fernández. Dijo que funcionarios de su fiscalía analizan la situación.
Además de Pérez Balladares, en este caso tienen impedimento de salida del país Vicente Calderón, Eyda Achón y Henry Mong Woo.
Por otro lado, el abogado José María Castillo, del equipo de defensores de Pérez Balladares, salió al paso al procurador de la Nación, José Ayú Prado, quien se había mostrado sorprendido de la decisión por el hecho de que el juez Fernández rechazó 23 recursos de la defensa.
Castillo explicó que si bien al comienzo del proceso el juzgado falló a favor de la fiscalía 23 incidentes, esto no quería decir que los investigados eran culpables.
Castillo recordó que el proceso penal se divide en fases y que la fiscalía ganó todos los incidentes “al principio de la investigación”, cuando no se habían incorporado al expediente las declaraciones de la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Ema Reyes, del abogado Mario de Diego [quien tramitó la concesión otorgada a la empresa Lucky Games], ni las de los dos auditores forenses del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses.
“El escenario jurídico que encontramos el día de la audiencia era totalmente diferente al que había al inicio de esta investigación”, planteó.
La investigación comenzó en septiembre de 2009, cuando Ana Matilde Gómez era la jefa del Ministerio Público. El primer fiscal del caso fue José Ayú Prado, hoy procurador de la Nación.
La audiencia preliminar se realizó el 11 y 12 de abril pasado, y en ella el fiscal Aguilar pidió llamar a juicio a Pérez Balladares y a otras 11 personas, y el sobreseimiento de tres.
Ayer, Ayú Prado prefirió no responder las críticas de los abogados de Pérez Balladares y políticos sobre la forma como se llevó el caso.
Explicó que la fiscalía aún tiene cinco días para apelar el fallo.
El jefe del Ministerio Público advirtió que es responsabilidad del fiscal Aguilar presentar la apelación, luego de analizar el fallo del juzgado.
El Ministerio Público tardó 18 meses en perfeccionar el sumario contra los 15 imputados en este caso.
El juez Fernández dictó un fallo en 17 días, de un expediente que tiene 80 tomos y 36 mil páginas.
