A Iris Rodríguez no se le han olvidado los empujones y los toletazos. Era el 19 de julio de 2007 y ella, como parte del Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, estaba cerca de la Presidencia.
“De repente sentí que estaban los guardias encima, dándonos palo”, contó. Las víctimas del envenenamiento masivo con dietilene glycol y sus familias habían ido ese día a reclamar justicia.
“Fue una golpiza brutal”, recordó Gabriel Pascual, vocero del Comité. “A mi hijo, por defenderme, lo golpearon todo y le tiraron gas pimienta”, acotó Rodríguez.
Por este caso, el ahora ex director del Servicio de Protección Institucional (SPI) José Gómez y otros cuatro funcionarios fueron investigados, pero sobreseídos en un juicio llevado a cabo en junio de 2008.
La decisión judicial fue apelada por el Comité ante el Segundo Tribunal de Justicia, que a su vez pidió a la Fiscalía XV que ampliara las investigaciones. La ampliación concluyó con la recomendación de hacer un nuevo llamamiento a juicio en el que se incluya a Gómez y a los agentes José Peralta, Eric Espino y Omar Berríos, así como para el mayor Ezequiel Carrizo, quien no había sido señalado en la vista investigación inicial. Ahora, la vista fiscal está en manos del juez Raúl Vergara, quien analiza si hay elementos suficientes para celebrar un nuevo juicio. Fue este mismo juez el que dictó el sobreseimiento.
Para Pascual, la nueva vista fiscal es solamente resultado de las presiones ejercidas por el Comité. “Es que la justicia no ha existido para nosotros”, recalcó.
