Es una decisión tomada. La Contraloría General pedirá a la Sala Tercera de la Corte Suprema la suspensión temporal del contrato que permitió la apertura del casino Princess, en el hotel Four Point Sheraton.
Dicho contrato fue refrendado el pasado 27 de abril por la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, a pesar de que la Corte Suprema admitió un amparo de garantías constitucionales en contra de la resolución de Gabinete que avaló el contrato.
Fuentes de la Contraloría informaron que le petición se formalizará hoy, cuando el equipo legal presente el documento a la Corte Suprema para que se deje sin efecto el refrendo del contrato entre el Estado y las empresas Sociedad Hotelera Marbella, S.A. y Princess Entertainment Panamá Inc.
La secretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), Giselle Brea, dijo que no está autorizada para pedir la clausura del local, a pesar del error, porque el contrato fue refrendado y publicado en Gaceta Oficial. “Nosotros acataremos las órdenes que emita la Corte Suprema o la Contraloría General”, dijo.
Brea añadió que siempre actuaron de buena fe y es por ello que se le envío el expediente a la Contraloría General para su debido refrendo, una vez completada la documentación que requería, sin saber que existía la nota de suspensión de la Corte Suprema.
Sin embargo, en una nota que envió el ex contralor Carlos Vallarino pidiendo que se subsanaran algunos puntos del contrato, advirtió del amparo de garantías que fue presentado.
Los representantes del casino Princess expresaron, mediante un comunicado, que la nota de la Corte Suprema fue entregada al Ministerio de la Presidencia del gobierno anterior y que su contenido nunca fue informado a la JCJ.
Además, la empresa advirtió que el grupo se ha comprometido con el Gobierno a proporcionar fondos por 600 mil dólares para becas, hospitales, escuelas e iglesias.
