El expresidente Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas acusadas de blanqueo de capitales fueron sobreseídos ayer de forma definitiva por el Juzgado Noveno Penal, en un fallo de 143 páginas en el que se determinó que el Ministerio Público no probó ninguna de las acusaciones que le hizo a los imputados.
A criterio del juez Diego Fernández, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada se equivocó al imputar a los acusados los delitos de blanqueo de capitales y, como precedente de este, contra la administración pública.
En su fallo, Fernández citó, entre otras normas, la Ley 41 de 2004, que agregó el delito de blanqueo de capitales al Código Penal, el cual señala como delitos precedentes el peculado y la corrupción de servidores públicos, pero “de ninguna manera contempla genéricamente el delito contra la administración pública”.
El juez sostuvo que la Fiscalía violó la Constitución, pactos internacionales y leyes relacionadas con el delito de blanqueo de capitales, al tomar declaración indagatoria a 15 imputados con base en un criterio equivocado de los delitos por los cuales los estaba acusando.
El fallo también señala que la Fiscalía no aportó “ninguna prueba directa o indirecta” que demostrara que los acusados incurrieron en los delitos de blanqueo de capitales o corrupción de servidores públicos.
El dictamen ordenó el levantamiento inmediato de las medidas cautelares de impedimento de salida del país que pesaban sobre Pérez Balladares, Vicente Calderón, Eyda Achón y Henry Mong Woo, y exigió la devolución de sus respectivos pasaportes.
De igual forma, el juez dictó el descongelamiento de la cuentas bancarias secuestradas –desde abril de 2010– a nombre de la sociedad anónima Shelf Holding Inc., donde el exmandatario y su secretaria privada, Eyda Achón, son firmantes. Esta sociedad recibió dinero de forma constante de Lucky Games, empresa que obtuvo una concesión para operar máquinas tragamonedas en el gobierno de Pérez Balladares (1994-1999).
Fuentes del Ministerio Público informaron que el fiscal Marcelino Aguilar no ha sido notificado aún de este fallo y que luego de que esto ocurra analizará si presenta una apelación.
La investigación comenzó en septiembre de 2009, cuando Ana Matilde Gómez era la jefa del Ministerio Público. El primer fiscal del caso fue José Ayú Prado, hoy procurador de la Nación.
La audiencia preliminar se realizó el 11 y 12 de abril pasado y en ella el fiscal Aguilar pidió llamar a juicio a Pérez Balladares y a otras 11 personas, y el sobreseimiento de otras tres.
VEA No habrá segunda investigación
