Los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos no serán sometidos a careo ni al detector de mentiras en la investigación que adelanta la Corte Suprema por el caso Cemis, debido a que el magistrado fiscal, Abel Zamorano, rechazó esta petición a la defensa del diputado oficialista Carlos Afú, uno de los imputados en las sumarias.
La solicitud incluía la diligencia de careos entre Pérez Balladares y los exlegisladores del PRD Manuel De La Hoz y Mateo Castillero.
Asimismo, la defensa de Afú había pedido que se aplicara la prueba del polígrafo a Torrijos y a los dirigentes y exlegisladores del PRD Balbina Herrera, Héctor Alemán, Miguel Bush y Laurentino Cortizo.
Zamorano sustentó su rechazo en el hecho de que Pérez Balladares y De La Hoz han reiterado los mismos señalamientos en las declaraciones que dieron tanto en su despacho como en el Ministerio Público (que lleva otra parte de la investigación del caso Cemis), y por tanto, no es necesario someterlos a un careo.
Con respecto a Castillero, sostuvo que hay un incidente sin resolver presentado por la defensa de Torrijos, que objeta la comparecencia del exlegislador en este caso.
Zamorano también argumentó que Torrijos no puede ser llamado en la investigación hasta que el pleno de la Corte resuelva una serie de recursos interpuestos por la defensa del exmandatario, contra decisiones tomadas por su despacho.
Al mismo tiempo, el magistrado afirmó que en las declaraciones dadas ante su despacho por los exlegisladores Herrera, Cortizo y Alemán no se registraron contradicciones que ameriten las repreguntas en un careo.
Adicionalmente, Zamorano indicó que la defensa de Afú no especificó quiénes deberían ser careados, entre Torrijos, Herrera, Cortizo, Alemán y Bush.
Otra de las pruebas negadas fue la aplicación del polígrafo a este segundo grupo de políticos.
A juicio del magistrado, sin bien la aplicación del polígrafo es aceptada como una prueba científica en materia penal, no podría practicarse sin el consentimiento de las personas implicadas.
Así mismo, descartó la solicitud para que se investiguen los bienes patrimoniales y las sociedades anónimas que pertenecían a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD en 2001, cuando estalló este escándalo, por considerar que esas pruebas no guardan relación con la investigación.
Por último, se refirió a la petición de la defensa de Afú respecto a las investigaciones sobre los fondos de Joseph Rodin y Sthepen Jones, promotores del Cemis, y explicó que estas pesquisas las lleva el Ministerio Público.
