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27 asesinatos de periodistas en las Américas, según Relatoría de la CIDH

Entre lo que se destacó de Panamá figura la retención de una periodista de ‘El Siglo’ y la condena a ‘La Prensa’ por el caso de TCT.

27 asesinatos de periodistas en las Américas, según Relatoría de la CIDH

No hay buenas noticias para la libertad de expresión en América, y así quedó demostrado en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que documentó el asesinato en el continente de 27 periodistas y trabajadores de medios en circunstancias que podrían estar relacionadas con su profesión.

En el documento, preparado por el relator Edison Lanza, se analiza el caso de Panamá, en el que se menciona la retención de una reportera de El Siglo por parte de la Policía; la condena a Corporación La Prensa, S.A., por las publicaciones relacionadas con contratos otorgados a Transcaribe Trading; y la presentación de un anteproyecto de ley en el Legislativo para regular el periodismo.

También destaca avances, como la condena a los asesinos del periodista Ramón Monchi Cano.

DÍFICIL

Siguen siendo tiempos difíciles para ejercer el periodismo en las Américas.

Una vez más, esta tesis quedó corroborada en el informe anual (2015) sobre libertad de expresión, preparado por Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el documento, de 410 páginas, se llama la atención sobre el incremento de la violencia contra periodistas en el continente.

Lanza documentó 27 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en circunstancias que podrían estar relacionadas a su profesión.

El uruguayo también resaltó otros 12 casos en los que, dijo, “no es posible determinar, sin una investigación exhaustiva, el vínculo con la labor de informar”. (Para conocer los casos más relevantes ver nota relacionada).

PANAMÁ

Al caso específico de Panamá, le dedicó cinco páginas, y se refirió a la retención de una reportera del periódico El Siglo mientras grababa un supuesto abuso policial el 10 de mayo de 2015.

También resaltó la condena de la que fue objeto Corporación La Prensa, S.A. por parte del Juzgado Decimotercero Civil, a cargo de la jueza Melina Robinson, que obliga al medio a pagar $600 mil a David y Daniel Ochy, propietarios de la constructora Transcaribe Trading, S.A. (TCT), en concepto de daño moral por publicaciones periodísticas.

El veredicto de Robinson surgió luego de una demanda por $6 millones interpuesta por los hermanos Ochy, tras publicaciones de este medio los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2012.

Afirmaron que las publicaciones, vinculadas con contratos estatales, fueron “falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes”.

El relator recordó en su escrito que el punto 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección de la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles (...)”.

Además, manifestó que la Corte Interamericana ha establecido, en cuanto a la eventual responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad.

Lanza también se refirió al hecho de que el Juzgado Décimo Penal suspendió el juicio al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, quien supuestamente agredió a Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá. “Las agresiones contra Medina le habrían ocasionado fractura de vértebras”, añade el relator.

REGULAR LA PROFESIÓN

El informe también recuerda que el 6 de agosto de 2015 llegó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que buscaba reglamentar la carrera profesional del periodista y del reportero gráfico en Panamá.

Mencionó que, entre otras cosas, en la propuesta legislativa se exigía que para ejercer la profesión se debía tener título de licenciatura en periodismo, licenciatura en comunicación social, maestría o doctorado en cualquiera de las disciplinas o especialidades que existen en la comunicación social, otorgados por una universidad nacional pública, o privada del país.

También se exigía que se debía tener certificación emitida por la comisión técnica académica de periodismo, ente que nacía a partir de la aprobación de la ley.

Además, disponía que aquellos panameños que están ejerciendo la profesión, sin haber culminado sus estudios del año 2010 en adelante, deberán culminarlos en un máximo de cinco años para poder seguir ejerciendo.

La Relatoría le manifestó a Panamá que esta materia fue abordada en detalle por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que el periodismo, por su estrecha relación con la libertad de expresión, “no puede concebirse simplemente como la prestación de un servicio profesional al público mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en una universidad, o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional” [como podría suceder con otros profesionales].

Otra de las disposiciones que citó Lanza cuando hizo énfasis en el mencionado anteproyecto de ley, que llegó a la Asamblea de la mano del diputado suplente Juan Moya, del partido Panameñista, es el principio seis de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

La misma establece que “toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituyen una restricción ilegal a la libertad de expresión (...)”. La propuesta fue retirada de la comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, a petición de Moya.

FACEBOOK

En el documento se recuerda que en abril de 2015, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, que se celebró en Panamá, y específicamente en el encuentro de empresarios, Mark Zuckerberg, el CEO de la red social Facebook, anunció un acuerdo con Panamá para ofrecer conexión de internet gratis para la población de bajos ingresos en el país.

Lanza dice que “en Panamá, así como en otros países de la región, organizaciones de derechos humanos firmaron una carta conjunta dirigida al CEO de Facebook, a fin de criticar muchas de las prácticas de Internet.org, por razones de justicia, privacidad y seguridad”.

La carta, recuerda el relator, “señala que Facebook está definiendo de forma inadecuada la neutralidad de la red en declaraciones públicas y está construyendo un jardín amurallado donde las personas más pobres del mundo solo pueden acceder a un grupo limitado de sitios web y servicios inseguros”.

AVANCES

Entre los avances, el relator especial para la Libertad de Expresión resalta la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que prohíbe a la Policía Nacional el uso de perdigones plásticos, de goma o plomo, al momento de controlar multitudes.

Destaca también la condena a 36 años de prisión de los tres responsables del asesinato del periodista chiricano Ramón Monchi Cano.

Cano fue asesinado el 1 de abril de 2014 al salir de su residencia para dirigirse a la emisora Ondas Chiricanas, donde conducía el programa “5 Noticias y un Comentario”.

REACCIÓN

Consultado sobre este tema, el presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Atenógenes Rodríguez, dijo que está “realmente preocupado, porque año tras año las amenazas a la libertad de expresión son evidentes y tangibles”.

Los medios de comunicación debemos insistir en el respeto a esta libertad garantizada por nuestra Constitución”, añadió.

Las Américas siguen limitando la libre prensa

Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Paraguay se distribuyeron los 27 asesinatos contra periodistas y trabajadores de medios documentados en 2015, y cuyas motivaciones podrían estar ligadas al ejercicio de la profesión, ya que la mayoría de estos profesionales cubría el accionar del crimen organizado y hechos de corrupción política, o eran voces importantes de sus comunidades.

Así quedó consignado en el 17 informe presentado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Resulta alarmante que por tercer año consecutivo se haya incrementado este método horrendo de acallar voces en el continente”, dice el informe, al precisar que en 2014 hubo 25 homicidios y en 2013, 18.

El relator, Edison Lanza, destaca que en algunos de los Estados persiste la presentación de denuncias penales por parte de funcionarios o candidatos de elección por la publicación de opiniones o noticias de hechos que son de interés público. Citan el caso de Chile, donde dos directores del periódico El Ciudadano fueron condenados por supuestas injurias a un exdiputado; el de Ecuador, donde un adolescente fue detenido y condenado a realizar trabajos comunitarios por haberle hecho “varias veces un gesto obsceno e insultante” al presidente Rafael Correa; y el de Venezuela, donde el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó una demanda contra los diarios Tal Cual, La Patilla y El Nacional y sus directivos, por difamación, por haber reproducido una información publicada por el diario español ABC que lo ligaba con un cartel de narcotráfico que operaba en la estructura militar del Estado.

Sobre Ecuador, el reporte vuelve a apuntar a Ley Orgánica de Comunicación. “Resulta de especial preocupación las sanciones desproporcionadas que aplica un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, el uso del derecho de rectificación y respuesta como mecanismo para limitar la emisión de contenidos considerados desfavorables al gobierno... e imponer una visión y discurso oficial a medios...”.

Las declaraciones estigmatizantes fueron otra herramienta utilizada para desvirtuar la labor de los periodistas en Argentina, Ecuador, Venezuela y Guatemala.

Se advierte también de la necesidad de proteger a los periodistas que cubren protestas sociales, ya que en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, Ecuador y Estados Unidos se registró el uso desproporcionado de la fuerza y hubo denuncias de destrucción o confiscación de equipos, y de periodistas lesionados o detenidos.

Entre los avances que reconoce la Relatoría están la condena en Colombia del exparlamentario Ferney Tapasco como autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra en 2002; y la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México.



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