Un anteproyecto de ley que propone la despenalización de los delitos contra el honor para todos los funcionarios, “sin excepciones”, así como para la “persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”, será presentado hoy.
El anteproyecto –que será entregado en la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional– es propuesto por la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Aurelia Marín; la directora de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, y un grupo de abogados y periodistas.
Actualmente, en casos de calumnia e injuria no pueden reclamar por la vía penal el Presidente, el Vicepresidente, los alcaldes, diputados, gobernadores y todos aquellos “funcionarios de manejo”, según el artículo 196 del Código Penal. En ningún caso se excluye la responsabilidad civil.
La reforma que se propone también plantea que solo los miembros de la Policía Nacional, el Órgano Judicial y el Ministerio Público tengan la obligación de guardar reserva de la identidad de una persona investigada por un delito.
Entre los proponentes está el jurista Miguel Antonio Bernal, quien anunció una demanda de inconstitucionalidad contra el indulto que dictó el presidente, Ricardo Martinelli, a favor de la directora de noticias de TVN, Sabrina Bacal, y el periodista Justino González.
Bacal y González fueron condenados e inhabilitados para ejercer el periodismo según fallo del Segundo Tribunal Superior.
La Constitución faculta al Presidente a otorgar indultos cuando son delitos políticos, lo que no es el caso de Bacal y González, quienes “estaban siendo procesados penalmente por la justicia ordinaria”, explicó Bernal.
Esta posición ha sido ya sentada por el pleno de la Corte que, en un fallo unánime de julio de 2008, revocó los indultos otorgados cuatro años antes por la entonces presidenta Mireya Moscoso a 168 condenados y procesados por todo tipo de delitos: desde ecológicos hasta terrorismo.
