Persiste la inequidad social y la falta de oportunidades, lo que trae como consecuencia otros problemas sociales.
A esta conclusión llegó el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, quien en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos afirmó que es “imperdonable” que con solo 3.5 millones de habitantes y un presupuesto de más de 13 mil millones de dólares, exista un número importante de panameños que vive en condiciones de pobreza.
Aunque Vargas señaló que en los últimos 20 años se han registrado avances en materia de derechos humanos, dijo que el Gobierno tiene muchas deudas en el tema, entre ellas la discriminación que sufren los afrodescendientes, los discapacitados y los indígenas.
Además, sostuvo, Panamá tiene la tasa más alta de Latinoamérica de hacinamiento en las cárceles.
Estas fallas, indicó, se deben a la “mezquindad y falta de voluntad política y compromiso de los gobiernos, y de la implementación de mejores políticas públicas”, así como al “cáncer de la corrupción y el populismo”.
Fanny Wong, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, coincide con Vargas. Según Wong, la inequidad persiste porque las autoridades no se aseguran de que se apliquen las políticas públicas vigentes.
En el caso de las personas con discapacidad, mencionó como un “claro ejemplo” la falta de rampas y estacionamientos en los locales comerciales privados y en las entidades gubernamentales. Aunque este aspecto está reglamentado, dijo, no se castiga su incumplimiento.
Enrique Sánchez, presidente del Consejo Nacional de la Etnia Negra, respaldó los planteamientos de Vargas y de Wong argumentando que en Panamá, a falta de mejores políticas públicas, persiste la discriminación, incluso, al momento de solicitar un empleo. Panamá debe mejorar las políticas dirigidas a promover la igualdad social. Esto debe hacerse desde la niñez”, sostuvo.
