Un “enérgico llamado” han hecho las autoridades panameñas al Gobierno de Colombia para que tome medidas con el fin de frenar la migración desde ese país hacia Panamá de ciudadanos africanos y asiáticos. Esto se ha convertido en un problema de seguridad, que se manifestó el sábado pasado en un alzamiento de varios extranjeros procedentes de esos continentes en el albergue del Servicio Nacional de Migración (SNM) en los Llanos de Curudú.
María Cristina González, directora del SNM, confirmó ayer que, en efecto, Panamá ha realizado varios llamados al Gobierno del vecino país, para que adopte medidas tendientes a la retención y deportación de estos ciudadanos, quienes ingresan a Panamá, en tránsito hacia Estados Unidos, desde el pueblo de Turbo.
González detalló que el último de esos llamados fue realizado en la reunión que sostuvieron el pasado jueves 10 de febrero los ministros de Seguridad panameño y de Defensa colombiano, José Raúl Mulino y Rodrigo Rivera, respectivamente, en la población de Capurganá, a 7 kilómetros de la frontera, en el lado de Colombia.
Dicha reunión, la primera de la comisión binacional fronteriza en más de un año, concluyó con la firma de acuerdos para la implementación de planes contra el narcotráfico y la guerrilla, y para el control de la inmigración ilegal.
González dijo que no pudo estar en ese encuentro, pero que el tema fue tratado, como antes ya ha sido abordado dentro de la agenda diplomática de Panamá.
La funcionaria aclaró que el tema de la inmigración ilegal de africanos y asiáticos trasciende el mero asunto de los costos económicos de la deportación, que ya de por sí es importante, pues se trata de personas muy difíciles de identificar, que no hablan español ni inglés y que podrían convertirse en un problema de seguridad para el país, como ya ocurrió en el motín del sábado pasado, cuando tomaron como rehenes a los encargados de la vigilancia del albergue y ocasionaron destrozos.
El solo hecho de que pertenezcan a culturas diferentes a las del continente americano, obliga a Migración a darles comidas y otros tratos distintos, dijo González.
La directora del SMN advirtió que como autoridad administrativa está de manos atadas para tomar medidas de seguridad extra. Además, aclaró que los albergues de Migración no son cárceles y que los convenios internacionales obligan al país a dar a estos ciudadanos tratos especiales, pues no se trata de delincuentes.
En la práctica, ello significa que, a diferencia de cualquier otro reclusorio, en los albergues de Migración no puede haber hombres armados. “Estas personas solo están retenidas mientras esperan que sus casos se solucionen”, dijo González.
