La acción del ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, de ordenar la construcción de las cercas de La Joya y La Joyita sin el aval de la Contraloría, recibió ayer las críticas de dirigentes políticos y gremiales.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Gaspar García de Paredes, dice que, a pesar de que considera que el tema es de seguridad nacional, ningún funcionario debe saltarse el “debido proceso” que establece la ley en materia de contrataciones públicas.
“Ningún fin justifica que se ignoren los procedimientos consagrados en las leyes. Deben ser respetados para eliminar la discrecionalidad y salvaguardar el interés del Estado. Hoy puede ser un proyecto como este, que la comunidad aplaude que se haga, pero mañana puede ser otro por el que no”, dijo.
En tanto, el diputado y segundo subsecretario del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, dice que, producto de estas cosas es que hay, supuestamente, dos ministros presos. “Por no cumplir con los procedimientos de la ley de contratación pública, y con las disposiciones de la Contraloría”, dijo Ávila.
Otro de los temas que se cuestionó fue el costo de la obra que fue dada por contratación directa a la empresa Mer Security & Communication Systems (Branch Panamá), por un monto de 3.3 millones de dólares. Pero algunos empresarios ligados al sector de la construcción de cercas de seguridad dicen que el precio de la obra es razonable.
El ministro Mulino argumentó que se trataba de un tema de seguridad nacional.
