El expresidente Ernesto Pérez Balladares podría ser careado con sus copartidarios Miguel De La Hoz y Mateo Castillero, como parte de las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del contrato del Cemis en 2002.
Esas nuevas diligencias judiciales fueron solicitadas esta semana por los abogados del diputado oficialista Carlos Afú, quien es uno de los sindicados en este caso.
Dicha petición surgió tras la ampliación de la declaración jurada que rindió el exmandatario el pasado 30 de mayo ante el magistrado fiscal del caso, Abel Zamorano, en la que dio detalles de las grabaciones que hizo a Afú y a De La Hoz, y reveló que su compadre Castillero le había hablado sobre el supuesto pago de los sobornos.
En la solicitud, la defensa de Afú incluyó otros careos –cuyos detalles no fueron revelados– y que se practique la prueba del polígrafo a los dirigentes del Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera, Héctor Alemán, Miguel Bush, señalados en las sumarias.
Asimismo, a Laurentino Cortizo y al exasistente de la Asamblea Roberto Silvestri, también mencionados en el expediente; y al expresidente Martín Torrijos, acusado en el caso junto con el propio Carlos Afú.
Con excepción de Torrijos, todos los mencionados han sido llamados a declarar como testigos.
Por otra parte, se le solicitó a Zamorano que ordene a la Unidad de Análisis Financiero la realización de una investigación completa sobre las empresas Consorcio San Lorenzo S.A. y Centro Multimodal, Industrial y de Servicios S.A., así como a sus directivos Joseph Martin Rodin y Stephen Jones, otros dos sindicados en este caso.
Según el escrito, el propósito de todas estas diligencias es “demostrar que son ciertas” las denuncias hechas por Carlos Afú en enero del año 2002, según las cuales miembros del PRD negociaron a espaldas de la bancada en la Asamblea para aprobar el contrato del Cemis.
