Víctimas de los pinchazos y activistas de derechos humanos pidieron la pronta condena del exmandatario Ricardo Martinelli y de los otros señalados en el caso de los pinchazos; esto, luego de que el Ministerio Público (MP) descubriera que el sistema de espionaje Pegasus funcionaba en una oficina de Gabriel 'Gaby' Btesh, miembro del “círculo cero del exgobernante”.
“El único jefe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) era Martinelli y tiene que responder cómo una máquina que fue comprada para el Consejo estaba en manos de particulares”, señaló la perredista Balbina Herrera, víctima de los pinchazos telefónicos.
Carlos Herrera Morán, abogado de varias víctimas de las escuchas, indicó que Btesh también debe responder penalmente por la violación a la intimidad de cientos de personas.
Roberto Troncoso, activista de los derechos humanos, apuntó que el hecho de que muchos de los señalados no enfrenten el proceso y hayan desaparecido la máquina pinchadora, significa que estamos ante una violación gravísima de derechos humanos.
Martinelli enfrenta un proceso en la Corte por los pinchazos, mientras que en la esfera ordinaria irán a juicio en abril próximo los exjefes del CSN Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.
VÍCTIMAS EXIGEN JUSTICIA Y CASTIGO
Agilizar los procesos que sigue la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP) por los pinchazos y castigar a los que resulten culpables, exigieron a las autoridades las víctimas de las escuchas y activistas de derechos humanos.
Los señalamientos se dieron ayer, luego de que este diario revelara parte de las pesquisas que adelanta el MP sobre el sistema de espionaje Pegasus, que compró en 2012 el gobierno de Ricardo Martinelli por $8 millones a la empresa israelí NSO Group Technologies para el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
Las investigaciones arrojaron que la máquina espía operó por última vez el 16 de mayo de 2014 –12 días después de las elecciones generales–, en el piso 6 del P.H. Oceanía Business Plaza Torre 3000, inmueble cuyo propietario es la sociedad Oceanía T3000, de Gabriel Gaby Btesh, miembro del “círculo cero” del expresidente Martinelli.
PIDEN IMPUTAR A BTESH
Carlos Herrera Morán, abogado de varias víctimas de los pinchazos en el proceso que se le sigue a Martinelli en la CSJ, señaló que el hecho de que la máquina funcionara desde una oficina de una persona que pertenece a los círculos empresariales y a los círculos que hicieron negocios millonarios con el exmandatario constituye un grave delito.
“Allí estamos en presencia de lo que el Código Penal denomina delito de peculado por extensión, porque si bien es cierto Btesh no tiene la condición de funcionario, la máquina y la propiedad de ese equipo era del Estado panameño”, sostuvo.
Según Herrera Morán, Btesh también tendría que responder penalmente por las personas a las que le violaron su intimidad y sus derechos humanos con escuchas y espionaje a través de Pegasus.
Opinó que el hecho de que el equipo estaba en poder de particulares es “muy grave” y amerita que desde ya, por razones de oficio, tomando como notitia criminis esa información, se ordene procesalmente la detención preventiva de quienes participaron de una u otra manera en las escuchas.Btesh sigue en paradero desconocido desde hace varios meses, por lo que no pudo ser contactado por este diario para que respondiera por estos señalamientos.
En tanto, la dirigente perredista Balbina Herrera manifestó que ya es hora de que el expresidente Martinelli sea traído a Panamá para enfrentar el proceso en la Corte.
“Nos tenemos que ir al tronco del problema y eso es que venga Martinelli a decir por qué una máquina que compró el Estado panameño estaba en una oficina privada. Él es quien tiene que respondernos”, dijo la excandidata presidencial.
En ese mismo sentido, el abogado Rosendo Rivera, querellante en el proceso de los pinchazos en la CSJ, indicó que es importante que Martinelli venga a enfrentar la justicia y que señale a las otras personas que participaron en la violación de la intimidad de cientos de panameños.
“Hay muchos más elementos que escarbar en estas investigaciones de las máquinas pinchadoras y no solamente se debe sancionar al señor Ricardo Martinelli; hay muchas otras personas que están pasando agachados”, dijo.
Roberto Troncoso, activista de la sociedad civil y de los derechos humanos, opinó que lo importante, además de recuperar la máquina, es llamar a declarar a todas las personas que han surgido en las investigaciones judiciales.
Advirtió que el hecho de que muchos de los señalados en los procesos estén prófugos y fuera del país, y además de que la máquina fue desaparecida, lleva a la conclusión de que “este fue un tema gravísimo, de [violación] derechos humanos y de la dignidad de la propia persona afectada”.Troncoso pidió que se haga justicia con las víctimas.
Mientras tanto, en los sectores políticos también hubo reacciones. El diputado panameñista José Luis Varela, quien también fue víctima de las escuchas,advirtió que estas investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias.
“El daño que se le hizo al país interviniendo la vida privada de políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil es algo que nunca más debe pasar en este país. A mí no me extraña para nada que la máquina haya estado en un local de Ricardo Martinelli o personas allegadas a él”, manifestó el diputado.En tanto, la diputada independiente Ana Matilde Gómez indicó que es un reto para el Ministerio Público que el sistema Pegasus aparezca, porque no es una investigación que pueda hacer un fiscal solo, sin el apoyo técnico de toda la logística que implica poder hacer las interceptaciones, que no las hace dicha institución.
“Es muy difícil que nos convenzan de que no tenemos la capacidad de saber dónde está la máquina pinchadora”, dijo la diputada en TVN.
Indicó que hay causal suficiente con los hechos encontrados por el MP para imputar cargos a Btesh.
ACUMULAN CASOS
Sobre el estatus del caso Pegasus en el MP, se conoció que el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, pidió autorización al Órgano Judicial para fusionar en un solo expediente la investigación de oficio que se abrió en julio pasado tras publicaciones de este medio y las que se iniciaron a partir de la querella que interpuso en agosto pasado el jefe del CSN, Rolando López, por la supuesta desaparición y compra del sistema espía.
La querella de López fue contra los ex secretarios ejecutivos del CSN Julio Moltó, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.
Moltó fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional entre julio de 2010 y marzo de 2012, pero no fue sino hasta julio de 2012 cuando Gustavo Pérez, quien relevó a Moltó en el cargo, recibió Pegasus y firmó la certificación de usuario final del sistema, como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. La firma fue el 3 de julio de 2012, según documentación a la que tuvo acceso este medio.
En tanto, Alejandro Garuz, quien sucedió a Pérez en septiembre de 2012 como secretario ejecutivo del Consejo, aparentemente no hizo ningún registro de la máquina pinchadora comprada a NSO Group como parte del patrimonio estatal.
Pérez y Garuz están detenidos desde enero de 2015 y fueron llamados a juicio para el 11 de abril próximo como parte de la investigación sobre las escuchas.Además de Pegasus, el gobierno de Martinelli habría comprado en 2010, a la también israelí M.L.M. Protection, un equipo espía por $13.4 millones a través del extinto Programa de Ayuda Nacional. Asimismo, habría contratado servicios de espionaje a la italiana Hacking Team.
(Con información de Olmedo Rodríguez).
