En 30 días o menos se dictará la sentencia al único menor de edad acusado del crimen del universitario Daniel Carrizo, muerto el pasado 8 de marzo en su residencia de Hato Pintado durante un tiroteo entre agentes policiales y cuatro asaltantes.
Ayer, el Juzgado Segundo Penal de Adolescentes, a cargo de Armando Padilla, enjuició al menor de edad implicado en este homicidio, y quien podría enfrentar la pena máxima de 12 años, según las normas que rigen esta jurisdicción.
Por tratarse de un joven de 15 años, se prohibió a los periodistas ingresar al juzgado.
El acusado, cuyo nombre no puede divulgarse debido a la ley de protección de menores, se declaró inocente.
Dijo ante el tribunal que él y sus otros tres compinches entraron a la residencia de la familia Carrizo porque la puerta estaba abierta, y que en ningún momento planearon el crimen.
Añadió que cuando llegó la policía, disparó al techo de la casa y nunca a su rehén.
Esta versión difiere con la del padre de Daniel, Rolando Carrizo. “La puerta no estaba abierta. Estaba abierta la puerta del garaje, no la de la casa”, dijo a este diario.
“Le puso el arma en la sien a mi hijo, y me retó a que si no le abría la puerta de mi casa lo iba a matar”, agregó Carrizo.
Daniel, que tenía 19 años, falleció de un balazo en la cabeza proveniente de una pistola 9 milímetros.
La fiscal primera de Adolescentes, Belkis Osorio, pidió al juez que le aplique la máxima condena al acusado, porque cuando la policía lo detuvo en la casa de Hato Pintado, este llevaba la pistola 9 milímetros que, según exámenes de balística, fue con la que mató a Daniel.
James Bernard, abogado de la familia Carrizo, dijo que las pruebas apuntan al acusado y que no hay dudas de que todo fue planificado.
La madre del menor acusado, quien prefirió no dar su nombre, consideró que este caso ha sido tomado como “un show político” y, aunque lamentó la muerte del joven Carrizo, dijo que ella también sufre por su hijo.
Los otros tres acusados, todos adultos, son procesados por la Fiscalía Tercera Superior.
Luego de la tragedia, Carrizo padre organizó el grupo llamado Cruzada por la Paz, que presentó tres proyectos de ley en la Asamblea en los que pide reforzar programas como el de “Vecinos vigilantes” y regular el negocio de las armas.
