La Procuraduría de la Administración arremetió nuevamente contra la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.
Ayer, el secretario general y procurador de la Administración encargado, Nelson Rojas, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que rechace el incidente de controversia que presentó el abogado de Gómez, Rigoberto González, como parte de la denuncia que promueve el ex fiscal Arquímedes Sáez por asociación ilícita, usurpación de funciones y abuso de autoridad.
El abogado de Gómez había pedido que se revocara la resolución del 24 de septiembre de 2009, mediante la que la Procuraduría de la Administración abrió esta investigación.
González cuestionó que, en la admisión de esta denuncia, no se analizó la legitimidad de la prueba sumaria. También aseguró que no existe prueba alguna de dolo contra su cliente y que Sáez no podía ser considerado como una víctima.
Pero en su vista enviada a la Corte Suprema, Rojas enfatizó que entre la documentación presentada por Sáez está incluida la prueba sumaria, que no es otra cosa que el fallo de la Corte del 17 de julio de 2007 que declaró inconstitucional las intervenciones telefónicas que autorizó Gómez, dentro de una operación encubierta a Sáez hecha en 2005, cuando era fiscal de La Chorrera.
Este criterio de Rojas fue rechazado por Gómez, para quien la admisión de un fallo como prueba sumaria, es un hecho “inédito”.
De igual forma, Rojas reiteró que Sáez acreditó, por lo menos preliminarmente, suficiente base probatoria para considerar que se incurrió en un hecho punible relacionado con el delito de abuso en el ejercicio de funciones públicas. También admitió a Sáez como querellante en el proceso.
Por el caso de las llamadas telefónicas, Sáez está libre bajo fianza, mientras espera el inicio del juicio el 15 de diciembre. Se le acusa de recibir una coima de 2 mil dólares, a cambio de dictar una medida cautelar menos severa a una joven detenida provisionalmente, cuando él era fiscal.
Gómez sostiene que en la operación encubierta nunca se “pinchó” el teléfono de Sáez, sino el de Miguel Zambrano, quien fue el que denunció al entonces fiscal.
