Ante la posición del magistrado José Ayú Prado de no separarse como juez de garantías en el proceso abierto al expresidente Ricardo Martinelli por su supuesta vinculación con el caso de Financial Pacific (FP), sectores judiciales plantearon vías legales para que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramite y eventualmente admita una recusación en su contra.
El procurador general de la Administración, Rigoberto González, opinó que Ayú Prado debe consultarle al resto de los magistrados de la CSJ si se debe declarar impedido en este caso, o no. “Lo saludable [para Ayú Prado] hubiese sido plantearle al resto de los magistrados de la Corte que se le declarase impedido de llevar a cabo la posición en ese caso en específico”, dijo.
La exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño explicó que además del impedimento existe la vía de la recusación. Detalló que la recusación puede ser presentada por algún querellante –que aún no se han constituido en este proceso– o por el magistrado fiscal del caso, Hernán De León.
La primera opción que señala la exmagistrada permitiría a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) –que pidió la investigación de este caso ante la CSJ– convertirse en querellante.
RECUSACIÓN
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia debe solicitar a sus colegas del pleno de esa corporación que lo declaren impedido de ser juez de garantías en la investigación abierta a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros en cuentas manejadas a través de la casa de valores.
Así lo sugirieron ayer el procurador de la Administración, Rigoberto González, y la exmagistrada de la CSJ y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Luego de que el pleno de la CSJ admitiera la investigación a Martinelli y designara a Ayú Prado como juez de garantías, el 23 de este mes, dirigentes de la sociedad civil han manifestado que el magistrado presidente debe declararse impedido por las vinculaciones que ha tenido con el escándalo de FP.
Los cuestionamientos a su rol como juez de garantías surgen porque Mayte Pellegrini, exempleada de confianza de FP y acusada por un supuesto desfalco en perjuicio de esa casa de valores, señaló que cuando Ayú Prado fungía como procurador de la Nación redactó una declaración en la que ella se retractó de acusaciones que hizo contra Martinelli.
Pellegrini había dicho en una primera declaración indagatoria, el 22 de noviembre de 2012, que en FP había una cuenta llamada High Spirit que era de Martinelli y se usaba para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla Minerals.
Por esa supuesta acción, con la que habría obstruido la justicia, Ayú Prado fue denunciado ante la Asamblea Nacional en 2013. La acción fue interpuesta por el abogado Rosendo Rivera –en representación de la actual diputada perredista Zulay Rodríguez– y aún está en el trámite de si es admitida o no por los comisionados (ver relacionada).
LO ÉTICO Y LO MORAL
En un comunicado divulgado este domingo, el Órgano Judicial señaló que el magistrado Ayú Prado “no puede invocar ni sustentar ninguna de las causales señaladas en el artículo 53 del Código Procesal Penal de 2008 para solicitar al pleno de la Corte Suprema de Justicia que lo declare impedido como magistrado de garantías” en el caso FP.
El procurador de la Administración dejó claro que entiende y respeta la decisión de Ayú Prado de no separarse del caso de FP, pero advirtió “que hay casos en los que más que un problema legal, está envuelto un problema de ética”.
Para el procurador González lo mejor es que el mismo Ayú Prado pida ser declarado impedido.
“En casos como este, lo saludable hubiese sido plantearle al resto de los magistrados de la Corte que se le declarase impedido de llevar a cabo la posición en ese caso en específico”, dijo.
Aunque González está consciente de que la decisión de separar a Ayú Prado del caso es del resto de sus colegas magistrados, lo mínimo que él debe hacer es plantear ese tema a sus colegas.
“Pero por lo menos debe plantearlo como una inquietud, para que no se vea empañada la objetividad con la que el magistrado vaya a actuar como juez de garantías”, expresó. “Él puede pedirle al pleno que se le declare impedido, si estima que su independencia e imparcialidad pueden verse afectadas con la intervención previa que dio y eso debe ser evaluado”, dijo, por su parte, Arosemena de Troitiño.
La exmagistrada explicó que todo depende de la evaluación que haga el resto del pleno de la CSJ y si encuentra méritos para declararlo impedido.
SMV PUEDE PASAR A QUERELLANTE
Otra opción planteada por Arosemena de Troitiño en este caso es un incidente de recusación en contra de Ayú Prado.
La recusación debe ser presentada por un querellante –que aún no hay en este proceso– o incluso puede interponerla el magistrado fiscal del caso, Hernán De León.
Cuando hay causal de impedimento que no haya sido invocada por el funcionario a cargo del caso, una de las partes puede presentar la recusación, según lo indica el artículo 55 del Código Procesal Penal.
La SMV fue la entidad que envió el 29 de junio pasado una nota a la CSJ, en la que pidió investigar la posible comisión de delitos financieros a través de las cuentas que manejaba FP.
Ayer se consultó a la SMV para conocer sobre la posibilidad de que esa entidad se declare como querellante en el proceso, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta sobre el tema.
UN FISCAL DUDOSO
La admisión de esta investigación a Martinelli se concretó el 23 de este mes, luego de que el pleno de la CSJ pidiera al magistrado De León –ahora fiscal de la causa– cambiar el proyecto de fallo inicial, en el que decidía inhibirse de conocer el expediente por falta de competencia.
De León aún no ha ejercido ninguna actuación en la investigación, porque el fallo que admite el caso está en la etapa de recolección de firmas y no se ha hecho oficial.
Una vez salga el fallo, se suspende la investigación y se envía el expediente al Tribunal Electoral con una solicitud de levantamiento del fuero penal electoral a Martinelli, prerrogativa que tiene por ser presidente de Cambio Democrático, actualmente en proceso de elecciones internas.
EL JUEZ DE GARANTÍAS
Ayú Prado se ausentó del pleno extraordinario cuando se admitió abrir la causa penal a Martinelli, porque estaba participando en la Tercera Ronda de Talleres en preparación de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana de 2016, que se realizó en Panamá. El pleno fue presidido por el magistrado Luis Ramón Fábrega, vicepresidente de la CSJ.
El magistrado presidente fue designado juez de garantías de ese caso en base a un acuerdo del pleno de la CSJ existente desde marzo pasado, en el que se estableció que el juez de garantías se escogería entre los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal: ellos son Ayú Prado, Harry Díaz y Jerónimo Mejía.
Según fuentes judiciales, el reparto para definir al juez de garantías se haría por orden alfabético y por orden de admisión de expedientes, y siguiendo ese acuerdo del pleno le correspondió a Ayú Prado este caso de FP.
(Con información de Aminta Bustamante).
