Cinco peticiones hizo ayer a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el representante de la Unión de Abogados Indígenas de Panamá, Isidro Acosta, que viajó hasta Washington, Estados Unidos, para relatar los sucesos ocurridos en julio pasado en Bocas del Toro, tras aprobarse la hoy desaparecida Ley 30.
Reparación para los afectados, abolición de las armas letales como respuesta a manifestaciones públicas, sanción para los responsables de las violaciones a los derechos humanos, respeto oficial por la autonomía de los pueblos indígenas y una inspección de la Comisión en Panamá, fueron las peticiones de Acosta.
“Quisiera ver la cara de ustedes, pero no puedo”. Así empezó su intervención Arsenio Rodríguez, uno de los indígenas que quedó ciego debido a la represión policial de Bocas. Su relato dejó en completo silencio la sala de la audiencia.
El caso de Rodríguez se sumó a la lista de afectados citada por el abogado Acosta: 716 heridos y 4 muertos, incluyendo 2 personas totalmente ciegas y 38 que requirieron cirugía delicada.
Por el Gobierno estuvo el vicecanciller, Álvaro Alemán; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez; y otros dos representantes de la Cancillería.
Alemán no respondió a las preguntas de los comisionados, más que para defender el derecho estatal de castigar con cárcel el cierre ilegal de calles. “Eso no coarta el derecho ciudadano a manifestarse pacíficamente, sostuvo”.
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