Hace un año, Panamá celebró sus elecciones y escogió como presidente a Juan Carlos Varela, lo que significó la derrota de José Domingo Arias, candidato del partido oficialista Cambio Democrático (CD). Una semana después, el país entero aún analizaba el resultado de los comicios, en especial, los números de las encuestas que daban como ganador al abanderado de CD.
Pero en las entrañas del Ejecutivo dos hombres no estaban interesados en los temas políticos, ya que su objetivo era otro: desaparecer los equipos usados para espiar las comunicaciones de unas 150 personas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014).
Se trata de los agentes del Consejo de Seguridad Nacional Ronny Rodríguez, alias Didier, y William Pittí, alias Guillermo, prófugos de la justicia y a quienes se les imputó cargos por la presunta comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
En la vista fiscal de la investigación por las escuchas telefónicas, a cargo de la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, a la que tuvo acceso este diario, figuras clave declararon en detalle cómo se desarrolló el operativo para ocultar el equipo.
Uno de los testigos protegidos narró que, luego de las elecciones, tres computadores [presuntamente usados para espiar comunicaciones] fueron guardados en cajas, tras desconectarlos del servidor y retirarles el cableado.
El equipo fue colocado en una camioneta, color blanco, asignada a Didier, pero conducida por Guillermo. Juntos salieron del lugar con rumbo desconocido.De acuerdo con la declaración del testigo protegido, los hechos se dieron una noche de mayo de 2014. Lo hicieron a las 7:30 p.m. para pasar inadvertidos.
No querían dejar pistas de lo que ocurría en las entrañas del Consejo de Seguridad Nacional, por lo que Didier y Guillermo, además de trasladar los tres computadores, destruyeron la máquina en la que imprimían los informes diarios de las comunicaciones interceptadas, material que era entregado en la Presidencia de la República.
VIAJE SOSPECHOSO
¿A dónde fue a parar el equipo espía que, de acuerdo al testigo, fue trasladado en un carro blanco? Dos funcionarios del Consejo de Seguridad completan la historia. Jubilo Graell y Javier Quiroz declararon bajo juramento que antes de que el nuevo secretario del Consejo asumiera el control del despacho (fue designado Rolando López) se inició la mudanza de equipo, del edificio 150, en Ancón, a “la villa” que pertenece al Consejo de Seguridad.
En la vista se establece que una tarde los dos agentes del Consejo estaban en el parque Porras pendientes de una manifestación, cuando Graell recibió una llamada telefónica “del comandante Rodríguez” [Didier].
—¿Sabe manejar?, le preguntó Didier.“Le dije que sí... me dijo que procediera a las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional”, declaró Graell.
Al llegar al área, Didier le solicitó dejar el carro que utilizaba, y abordara con su compañero Quiroz, alias Pedro, un vehículo Toyota, Hi Lux, color blanco, estacionado fuera del edificio 150, perteneciente a la institución.
Graell relató que en el vagón del auto había un anaquel negro de metal, –el mismo que en una foto le mostraron durante el interrogatorio a cargo del fiscal adjunto Especial contra la Delincuencia Organizada, Ricardo Muñoz, a cargo del caso.
Graell señala que subió al carro y Didier le indicó que condujera hasta la Presidencia para devolver el anaquel que les habían prestado.Una vez en San Felipe, Didier bajó del vehículo y, frente a una puerta blanca, llamó por teléfono a Jaime Trujillo, [primer secretario del Consejo de Seguridad del gobierno de Martinelli y luego director del Servicio de Protección Institucional].
Trujillo salió del Palacio de las Garzas y habló unos tres minutos con Didier.
Quiroz, el otro agente en el vehículo, declaró bajo juramento que, tras esa charla, Didier subió al carro y le ordenó a Graell avanzar hacia vía España.Continuaron por la avenida Eloy Alfaro, tomaron la calle a la derecha, con dirección a la cinta costera y usaron el puente vehicular de Paitilla.Detalla que ya en vía Israel continuaron por la rotonda de la vía Brasil hasta llegar a la estación de combustible Terpel. Doblaron a la derecha y, en el semáforo ubicado en vía Porras, giraron hacia la intercepción que los condujo a vía España.
Siguieron por ella y en el semáforo del Instituto Panamericano doblaron a la izquierda, donde fueron a dar a la avenida Cirilo McSween, conocida como La Pulida. En un semáforo instalado en el zona, cerca a la bodega Carlitos, doblaron a la derecha y llegaron a un edificio descrito de la siguiente manera: “...de muro perimétrico, donde se ve una torre de color ladrillo, con techo de tejalit”.
En ese instante, Quiroz reconoció las instalaciones de las oficinas administrativas de Súper 99, en Monte Oscuro, en donde se manejan parte de las operaciones del emporio Ricamar, propiedad del expresidente Ricardo Martinelli.
De acuerdo con el relato, Didier bajó del vehículo y conversó con un agente de seguridad, quien abrió el portón para que el carro entrara y se estacionara de reversa y cerca “de unas matas o plantones ornamentales que hay en la entrada”. Allí estuvieron unos cinco minutos y sacaron el equipo.
Fue la última vez que Graell y Quiroz vieron el “anaquel metálico color negro, el cual estaba hueco en la parte superior”.
Era el equipo espía que hasta la fecha nadie sabe dónde está. Tampoco se conoce el paradero de Didier y de Guillermo.
‘EL MONITOREO’
Didier, de acuerdo con los testigos citados en la vista fiscal, era el que daba “las órdenes”. Jaime Agrazal, un agente del Consejo de Seguridad, al rendir declaración jurada como parte de las pesquisas del Ministerio Público lo señala como tal. [Didier] Decía: “quiero que me sigas a fulano de tal. Entre las personas que yo monitoreé y se le dio seguimiento y vigilancia, por órdenes de Didier y de Guillermo estaban: Bobby Eisenmann, Álvaro Alvarado, el señor Presidente de la República [Juan Carlos Varela], a Raisa Banfield, Yadira Pino, la cacica Silvia Carrera, el diputado de Changuinola Benicio Robinson, Pedro Miguel González, [Demetrio] Papadimitriu cuando dejó de ser parte del gobierno de Ricardo Martinelli; Saúl Méndez, Genaro López, Juan Carlos Navarro, al Toro [Ernesto Pérez Balladares], Balbina Herrera, Boby Velásquez, entre otras personalidades...”.
Por este caso están en la cárcel los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, –consuegro del expresidente Martinelli– y Gustavo Pérez.
Gustavo Pérez. 'Eso se tramitaba en la Presidencia'
Una de las pruebas contra el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional y exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez es la nota SE-CS-1479-2014,
fechada el 30 de octubre de 2014, suscrita por el actual secretario del Consejo de Seguridad, Rolando López Pérez.
En dicha nota se detalla información sobre una transacción efectuada con la empresa NSO Group Technologies Ltd. para la compra de un equipo para interceptar comunicaciones. Esta sería la segunda compra de este tipo. La primera fue con la israelí M.L.M. por $13.4 millones.
En la nota se destaca que el usuario final del equipo sería el Consejo de Seguridad Nacional, con la dirección Quarry Heights, Ancón, en la capital, lugar donde están ubicadas las oficinas del Consejo de Seguridad.
Según consta en el documento, la máquina sería usada para recopilar y recabar información de dispositivos móviles, que sería de “uso exclusivo” del Gobierno.
El documento, con fecha del 3 de junio de 2012, apunta hacía Pérez, en vista de que este era el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad entre marzo y septiembre de 2012.
Pérez intentó defenderse. “Usualmente yo no veía quién era el vendedor de lo que sea que se viniera a vender, eso se tramitaba en la Presidencia...”, declaró Pérez ante Ricardo Muñoz, fiscal adjunto de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que investigó el caso.
Cuando se le mostró el contrato con su firma para la compra del equipo de espionaje, contestó: “Sí, esa firma es mía y es de un documento de enero de 2011 y que necesitaban que firmara, lo mandó la Presidencia...”.
Al consultársele sobre el propósito para el que la Presidencia requería de su firma, respondió: “No tenía conocimiento, porque como venía de 2011 y pensé que tenía que firmar...”.
El fiscal Muñoz preguntó a Pérez si fue obligado a firmar dicho contrato y este manifestó: “...sí señor, y es más, yo me puse bravo porque no sabía lo que era, pensé que eran municiones o armas...”.
