El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, se quejó nuevamente de la Fiscalía Electoral (FE), y esta vez denunció lo que considera “inoperancia” de la entidad para resolver los casos de los delitos electorales ocurridos en la pasada campaña electoral, que según dijo han prescrito en su mayoría.
“Tenemos un estado de inacción, inoperante e injustificable. Hemos pedido ya a los jueces penales electorales que rindan un informe, una evaluación de las fiscalías electorales”, anunció Pinilla.
El magistrado manifestó que no hay un solo expediente de alto perfil en el que [las fiscalías electorales] hayan pedido llamamiento a juicio. “Las pocas investigaciones que no han prescrito a estas alturas son de una deficiencia inexplicable...”, acotó el magistrado.
Los casos a los que se refiere tienen que ver con las impugnaciones que se presentaron durante el torneo pasado, los cuales a su vez generaron la realización de nuevas elecciones en varios circuitos. Las acusaciones eran por doble voto, uso de recursos del Estado por candidatos a diputados, representantes, alcaldes y hasta presidenciables, que no lograron un cargo de elección popular.
En ese sentido, Pinilla indicó que hay expedientes que señalan a “candidatos a diputados que gastaron cuatro o cinco millones del dinero público, demostrado fehacientemente en la audiencia administrativa de impugnaciones de las elecciones, y al Tribunal Electoral no se ha regresado una vista fiscal sólida, que permita llevar a juicio a los responsables de esos atropellos”.
INFORME DE JUZGADOS
Este medio tuvo acceso a datos de dos de los cuatro juzgados penales electorales, en los que se indica que los expedientes sobre casos de delitos electorales llegan prescritos a las oficinas .
Se trata de los casos tramitados en el tercer distrito judicial, en Chiriquí, y del primer distrito judicial en la ciudad de Panamá.
El informe destaca, por ejemplo, que de 43 expedientes ingresados al juzgado de Chiriquí, 28 ya estaban prescritos, es decir, el 65% de los casos.
Mientras que al Juzgado Electoral de la ciudad de Panamá entraron 86 expedientes remitidos por las fiscalías, que ya habían caducado.
La mayoría de los procesos han prescrito porque los fiscales exceden el tiempo que señala la ley para que emitan una vista fiscal, se explicó.
En ese sentido, el Código Judicial señala que los fiscales podrán presentar sus vistas fiscales tres meses después de iniciada la investigación y pueden pedir una prórroga de un mes.
Igualmente, la norma electoral plantea que los delitos electorales prescriben a los tres años de haber ocurrido los hechos.
Esta no es la primera vez que las investigaciones de las fiscalías electorales, que dirige el fiscal general Eduardo Peñaloza, reciben críticas.
En marzo de 2015, dirigentes de la sociedad civil, de partidos políticos y los magistrados del TE reprocharon la forma como Peñaloza dirigía la entidad.
Para ese entonces, Peñaloza era investigado por el Ministerio Público, tras denuncias del Colegio Nacional de Abogados y de Carlos Rubio, actual subdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, quienes lo acusaron de faltar a sus obligaciones legales en el cargo de fiscal electoral. Seis meses después, estas denuncias fueron archivadas por el Ministerio Público.
PEÑALOZA SE DEFIENDE
“Eso no es cierto. No hay un solo caso que nosotros lo hayamos enviado prescrito. Nosotros trabajamos las cosas en tiempo oportuno...”, dijo ayer el fiscal electoral Eduardo Peñaloza, a cargo de las cuatro fiscalías electorales del país. Aseguró que el magistrado Pinilla “tiene una inquina conmigo...”.
Dijo que los casos que no se han remitido a los juzgados penales electorales es porque están a la espera de que la Contraloría General de la República, que dirige Federico Humbert, les envíe las auditorías, que son “la prueba estrella de los expedientes”.
“Los informes que remitió el TE no son auditorías”, aseguró. Agregó que la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en el sentido de que la única competente de realizar auditorías de los fondos públicos es la Contraloría y no el TE. “Si los fiscales envían eso sin las auditorías, después declaran sobreseimiento... nosotros conocemos el procedimiento...”, refutó.
CASOS PENDIENTES
Entre los procesos por supuestos delitos electorales pendientes de resolverse está el del candidato a diputado por Cambio Democrático (CD) Manolo Ruiz, del circuito 4-5 (Boquete), cuya proclamación fue anulada por el TE por comprobarse que usó recursos estatales en su campaña.
También está la investigación seguida por supuesto uso de recursos estatales contra el candidato de CD, Rogelio Baruco, en el circuito 4-1 (David, Chiriquí), y al candidato de CD en el circuito 9-1 (Santiago de Veraguas) Porfirio Ellis.
