La familia de los hermanos pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez Rivas, ultimados por agentes de la Policía Nacional el 20 de mayo de 2009 frente a las costas de Panamá Viejo, prepara una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial que indultó a los cinco uniformados responsables del hecho y a otros 42 uniformados involucrados en delitos.
La abogada de la familia, Rosa Carrasco, dijo que sus clientes están consternados por la decisión del presidente, Ricardo Martinelli, y anunció que en la demanda se sumarán representantes legales de otras familias que han resultado víctimas de funcionarios.
Advirtió que estos indultos fueron injustificados y que ya existe jurisprudencia de la Corte Suprema como para revertir ese tipo de decisiones presidenciales. Con ello se refirió al fallo de la Corte, de julio de 2008, que revocó una serie de indultos firmados en 2004 por la entonces presidenta Mireya Moscoso.
Los funcionarios beneficiados son los sargentos Agustín Reyna y Rafael Caicedo, y los cabos Ron Rodríguez, Rodolfo Buigobo y Artemio Díaz, quienes confundieron a los jóvenes de Playa Leona con supuestos narcotraficantes. En recientes declaraciones, Martinelli dijo estar a favor de no encarcelar a los policías que se vean envueltos en homicidios durante el desempeño de sus funciones.
