A unque el pleno de la Corte Suprema de Justicia aún no ha enviado al Ejecutivo la resolución con la que resolvió la reactivación de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, en el Palacio Gil Ponce se inició ya el proceso para el equipamiento de los despachos de los tres magistrados que integrarán la nueva instancia judicial, según informaron fuentes del Órgano Judicial.
Las obras empezaron, a pesar de que el pleno de la Corte aún debe resolver una petición de aclaración de sentencia, presentada la semana pasada por el abogado Hernán Bonilla, y que le correspondió al magistrado ponente Alejandro Moncada Luna.
Bonilla pidió a la Corte que aclare si con el fallo que dictó el pasado 25 de enero, la nueva Sala cobra vigencia de manera inmediata o si se tiene que hacer por medio de una nueva ley.
Esta petición concuerda con la aclaración de sentencia hecha por el magistrado Víctor Benavides, quien advirtió que el fallo no aclaraba cómo “revive la ley”.
Este recurso ha impedido que se envíe al Ejecutivo la decisión del pleno, que permitiría el nombramiento de los tres nuevos magistrados.
Además del acondicionamiento de los nuevos despachos, se informó que se están realizando las contrataciones de parte del personal administrativo que laborará en las oficinas que formarán parte de la Sala V.
El pasado 25 de enero –y con el voto favorable de ocho de los nueve magistrados–, el pleno de la Corte Suprema resolvió que la Ley 49 de 1999 (que había derogado la norma que creó la Sala Quinta) es inconstitucional. Con esta decisión, la Sala de Instituciones de Garantía volvía a la vida.
Por el contrario, el magistrado Luis Mario Carrasco –suplente de Jerónimo Mejía– opinó en su salvamento de voto que la Asamblea Legislativa sí tenía facultad para derogar la Sala Quinta, como se hizo en 1999 mediante la citada Ley 49 de ese año.
