La prescripción de denuncias por faltas y delitos electorales cometidos en la pasada campaña política va en aumento, según informes de las fiscalías y juzgados electorales.
Un total de 178 denuncias por faltas y delitos electorales han prescrito en los últimos dos meses de este año.
El último informe reporta que 64 expedientes relacionados a denuncias por cambio ilegal de residencia de electores prescribieron, debido a que la Fiscalía Primera Electoral los remitió a los juzgados penales electorales cuatro meses después de haber vencido el plazo para concluir la investigación.
La misma situación se reportó el mes pasado cuando 86 denuncias fueron declaradas prescritas por los juzgados penales electorales de las provincias de Panamá y Chiriquí.
El Código Electoral señala en el artículo 422 que los delitos electorales prescriben a los tres años; las faltas electorales a los dos y las faltas administrativas al año de haberse interpuesto la denuncia.
El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, volvió a señalar al fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza, como el responsable de que las denuncias electorales queden impunes. “Vayan a los juzgados y pidan las estadísticas para que vean que el 80% de los casos que vienen de las fiscalías están prescritos”, indicó.
Peñaloza dijo desconocer las 178 denuncias de casos que han prescrito en los últimos dos meses. “Nosotros todavía tenemos tiempo [para investigar] muchos casos, sobre todo en temas de delitos electorales que están a la espera del informe de auditorías”, sostuvo Peñaloza.
En tanto, Javier Ordinola, experto en materia electoral, dijo que el hecho de que los expedientes no lleguen a tiempo a los juzgados demuestra una falta de voluntad de la fiscalía por cumplir con su trabajo. “La ley lo obliga a él [al fiscal] a investigar los delitos... lo importante es que se cumpla con la parte de investigar y entregar su vista fiscal en tiempo oportuno”.
PRESCRIBEN DELITOS ELECTORALES
Dirigentes de la sociedad civil organizada y el Tribunal Electoral (TE) coinciden en que la Fiscalía General Electoral (FGE) no está cumpliendo con sus funciones. La razón: el aumento de la prescripción de casos por faltas y delitos electorales cometidos en la campaña electoral de 2014.
Un reporte reciente muestra que 64 expedientes relacionados a denuncias por cambio ilegal de residencia de electores prescribieron, debido a que la Fiscalía Primera Electoral los remitió a los juzgados penales electorales cuatro y cinco meses después de haber vencido el plazo para concluir la investigación.
El informe señala, que la mayoría de los cambios de residencia se dieron en el corregimiento de Ancón, y que ingresaron a la fiscalía en octubre de 2015. No fue hasta mayo de 2016 que la fiscalía remite al juzgado electoral los expedientes, pero la acción penal ya había prescrito, debido a que la ley electoral otorga seis meses para la investigación.
En otro caso, se observa que la entrega de la vista fiscal al Juzgado Penal Electoral se dio en junio de 2016, ocho meses después de iniciado el proceso.
OTROS PRESCRITOS
Estos nuevos casos se suman a los 114 expedientes que fueron reportados como prescritos también por el juzgado del Primer Distrito Judicial de Panamá y del Tercer Distrito Judicial de la provincia de Chiriquí.
Según el informe, 86 expedientes caducaron en el Primer Distrito Judicial, por la entrega tardía del expediente por parte de la Fiscalía Electoral, mientras que en el Tercer Distrito Judicial, de 43 expedientes ingresados, 28 ya estaban prescritos, es decir, el 65% de los casos.
PEÑALOZA SE DEFIENDE
Respecto a estos casos, el fiscal general Electoral, Eduardo Peñaloza, manifestó que según “la información que tengo de los fiscales, esas [ cifras] no son ciertas”. Aseguró que no tiene ese reporte, porque las fiscalías mandan a tiempo los expedientes.
Peñaloza entregó en la sustentación del presupuesto de la Fiscalía General Electoral -que para 2017 es de $4.1 millones- un informe en el que detalló que a su despacho llegaron 836 denuncias, de las cuales, 534 fueron remitidas a los juzgados y 332 casos están aún en trámite en las diferentes fiscalías electorales.
CASOS DE ALTO PERFIL
Sobre los procesos por uso de recursos estatales en las pasadas elecciones por candidatos a diputados, Peñaloza dijo que aún está a tiempo para investigarlo, aunque el Código Electoral señala que estos prescriben a los tres años de haberse interpuesto las denuncias, es decir, que el próximo año caducarán.
Entre estos casos se encuentra el de Rogelio Baruco, candidato de Cambio Democrático (CD) en el circuito 4-1 (David, Chiriquí), a quien se le comprobó que usó $1 millón 198 mil de fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
También está el del candidato en el 9-1 (Santiago) Porfirio Ellis, al que se le comprobó que usó $900 mil de fondos públicos en su campaña.
Además, está el expediente de Manolo Ruiz, candidato a diputado por el circuito 4-5 (Boquete), quien fue acusado de usar $2 millones de fondos municipales en campaña.
Con respecto a estos procesos, el secretario judicial de la FGE, Juan Alvarado, informó que se ha tomado declaración jurada a más de ocho personas y se han efectuado diligencias.
PINILLA VERSUS PEÑALOZA
El magistrado del TE, Erasmo Pinilla, volvió a acusar a Peñaloza de dejar prescribir los expedientes. “No han producido un solo expediente y no se justifica que le den $4 millones al fiscal” , dijo el magistrado.
Peñaloza le respondió a Pinilla y le dijo que no tiene moral para hablar de prescripción, porque él también tiene informes de los casos que ha dejado impune en su despacho.
Ante esta acusación, Pinilla le respondió a Peñaloza: “él me señala que un caso prescribió en mi escritorio (...) en todo tribunal algo le prescribe, pero a él le prescribe el 80%, y yo no estoy hablando paja”.
CRITICA DE LA SOCIEDAD CIVIL
Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, indicó que en estas prescripciones de las denuncias habría que ver si el fiscal está simpatizando con el sector político al cual perteneció, o sea, a Cambio Democrático (CD).
Peñaloza, antes de fiscal electoral, fue miembro del Tribunal de Honor y Disciplina de CD y diputado suplente por ese colectivo en el Parlamento Centroamericano.
“No sé si por reciprocidad o por ser condescendiente le está dando larga al asunto, a fin de que se prescriban los casos”, sostuvo Troncoso.
“Los fiscales electorales deben ejercer su rol, ya que su actuación es parte de la formación de la democracia”, agregó.
Por su parte, el excandidato presidencial en la pasada contienda electoral, por el ahora desaparecido Frente Amplio por la Democracia, Genaro López, pidió a las autoridades entrar a investigar los casos de procesos por delitos electorales.
Planteó que algunos de los miembros de su partido han sido llamados a declarar en algunos procesos, sin embargo, señaló que reprocha que los casos por uso de recursos del Estado y por faltas electorales cometidas en la pasada campaña electoral queden en la impunidad.
