La ex presidenta Mireya Moscoso prefirió el silencio.
–No tengo ningún comentario..., dijo un segundo antes de cortar la comunicación telefónica.
Así respondió la ex mandataria cuando La Prensa intentó conocer su versión sobre la polémica concesión de salas de máquinas tragamonedas y agencias de apuestas deportivas que otorgó en forma directa durante su gobierno a la empresa Silver Cup Gaming.
El que sí contestó el teléfono fue el presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, quien se mostró ayer a favor de que el Ministerio Público (MP) abra una investigación penal de oficio para indagar sobre los vínculos de personas allegadas a la ex presidenta y a Silver Cup Gaming.
“Claro que tiene que haber una investigación por parte del Ministerio Público, a quien le corresponde determinar si el otorgamiento de estas concesiones fueron legales o no, y al final que le caiga el peso de la ley a quien tenga que caerle, sea al Presidente de la República o de la Asamblea Nacional si se determina una ilegalidad”, dijo Varela.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Fernando Núñez Fábrega, opinó que “la experiencia en las concesiones en este ramo nos demuestra que deben ser revaluadas completamente las reglas”. Núñez agregó que “es sorprendente que después de haberse criticado actitudes del periodo del ex presidente Ernesto Pérez Balladares no se haya esperado mucho tiempo para repetir los mismos errores” en la gestión de Moscoso.
Una vez que el Gabinete de Moscoso le aprobó la concesión el 20 de febrero de 2003, CIRSA Panamá –dueña de Silver Cup Gaming– se desprendió del 50% de la empresa.
Según documentación oficial de la Junta de Control de Juegos, esa mitad quedó en poder de 5 sociedades: Azarjo Corporation (10%), Horamar Finances Corp. (10%), Planeta Business Corp. (10%), Horalin Internacional Inc. (10%) y Bowler International Corp. (10%).
Cada una de ellas se quedó con el 10% de Silver Cup Gaming a cambio de 2 mil dólares. El entonces secretario de la Junta de Control de Juegos, Herbert Young, dijo que no sabía quiénes eran los nuevos “socios” de Silver Cup Gaming. Fuentes del sector consultados por este diario tampoco los conocían.
Registros bancarios permiten reconstruir parte de la ruta del dinero detrás de las sociedades. Uno de los que recibió fondos de Horamar Finances Corp. es el actual viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Garuz. El funcionario aseguró que ese dinero lo recibió como pago de una asesoría que realizó para esa empresa.
Aníbal Culiolis, secretario general del Partido Popular (PP), opinó que todo alto funcionario del Estado que en forma abierta, directa o indirecta se beneficie o beneficie a alguna persona de su entorno” tiene que ser investigado”.
“Así como se ha cuestionado duramente al ex presidente Pérez Balladares por dar una concesión directa, así mismo se debe cuestionar la acción de la ex presidenta Moscoso por beneficiar a una persona de su confianza, por lo que el Ministerio Público debe iniciar una investigación”, señaló el dirigene del PP.
El jefe de Estado Ricardo Martinelli envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para cancelar las concesiones de juego que se otorgaron en forma directa durante las administraciones de Moscoso y Pérez Balladares. Una de ellas es Silver Cup Gaming.
Torrijos favoreció a empresasEl gobierno de Martín Torrijos, a través de la Junta de Control de Juegos, equiparó a la mayoría de los operadores de salas de máquinas tragamonedas. Los beneficiarios de las equiparaciones, que firmó el ex secretario de la Junta de Control de Juegos Raúl Cortizo, fueron Lucky Games S.A., Gaming & Services S.A., Competiciones Deportivas S.A. y Comput-Bingo S.A., todas administradas por la filial local del grupo español CIRSA.
Cortizo, entre 2005 y 2007, firmó las autorizaciones para que estas empresas se equipararan con cláusulas más favorables incluidas en contratos de otras empresas del sector. Así, a raíz de las autorizaciones de Cortizo, las empresas que explotaban salas de máquinas tragamonedas pudieron aumentar el número de locales y la cantidad de máquinas.
“Son cláusulas de igualdad de condiciones, eso está incluido en todos los contratos”, dijo Cortizo. El ex funcionario de Torrijos explicó que las empresas fueron las que solicitaron el derecho a igualarse con un contrato más favorable, y que él solo “las aceptó”. “El otorgamiento no lo doy, yo acepto sus pedidos y les explico en qué se pueden igualar y en qué no”, agregó Cortizo. La equiparaciones dejarán de tener efecto una vez que la Asamblea Nacional apruebe las modificaciones al Decreto Ley 2 de febrero de 1998 –que regula el juego de azar– que presentó el gobierno de Ricardo Martinelli.
