Santiago Ortiz, quien fuera nombrado por la actual administración como jefe regional del Registro Público en Bocas del Toro, es la primera baja tras los hallazgos de La Prensa relacionados con las fianzas de excarcelación de varios de los implicados en el caso de la llamada “narcoavioneta”.
Dos fincas supuestamente ubicadas en Coclé, y cuyo valor catrastral aumentó de forma sustancial antes de su utilización como garantías de las citadas fianzas, están siendo investigadas por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales y la Dirección de Reforma Agraria, debido a inconsistencias en la documentación del Registro Público que las sustenta, así como por la falta de certeza de su existencia.
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