Stephen Jones y Harry Castro, ejecutivos del Consorcio San Lorenzo promotor del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), negaron haber pagado a políticos y legisladores para que aprobaran el contrato-ley en la Asamblea, en diciembre de 2001.
Ambos rindieron declaración jurada entre el 9, 10 y 13 de diciembre pasado, ante el magistrado fiscal del caso, Abel Zamorano.
Jones, quien era el representante legal de las empresas que apoyaban el Cemis, aseguró que el proyecto no se aprobó a punta de prebendas a políticos y que solo sostuvo reuniones “de manera profesional” con el legislador Laurentino Cortizo, presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea en aquella época, a la que correspondió aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo en primer debate.
De igual forma, Jones aseguró que nunca se reunió con el entonces secretario general del PRD, Martín Torrijos. Dijo que ni le conoce.
Recordó que después que se hicieron las modificaciones al contrato original, Cortizo “nos felicitó, porque finalmente teníamos un proyecto que podría ser aceptado en forma universal y porque entonces tendríamos motivos para discutir temas ilegales o ilícitos”.
Tras la aprobación unánime en el pleno legislativo, Jones contó que, junto con varios legisladores, “nos fuimos a un lugar a tomarnos unos tragos y comer unos bocadillos, pero no recuerdo quiénes estaban presentes”.
Sobre el entonces gerente de la Zona Libre de Colón (ZLC), Jorge Fernández, “líder” de las negociaciones del proyecto por deseo de la presidenta, Mireya Moscoso, Jones declaró que tampoco recibió ninguna exigencia.
Añadió que el dinero que desembolsó el Consorcio, en efectivo, fue para ayudar a Joseph Martin Rodin, el principal accionista, a quien los bancos le habían congelado sus cuentas por un litigio familiar.
Rodin no ha declarado. Cuando Zamorano lo citó, se acogió al artículo 25 de la Constitución. Se limitó a decir: “Espero que pronto podamos reunirnos de nuevo para hablar en más detalles o más a fondo el asunto que estamos viendo”.
Jones dijo que el pago en efectivo de esas transacciones (a nombre del consorcio y de la familia Rodin) fue por una recomendación del ex magistrado suplente Jorge Fábrega, aunque no explicó por qué recibió su asesoría.
Aseguró que todos los movimientos bancarios fueron auditados y que cuando fue indagado en el MP en 2002 nunca se le pidió que presentara este documento.
Dijo que no sabía quién era Carlos Tito Afú hasta que el diputado confesó públicamente haber sido víctima de un soborno. “Nunca vi a Tito Afú hasta que apareció en televisión... No le presté mucha atención, porque no podía creer lo que él estaba diciendo”, acotó Jones y agregó que al principio pensó que era un problema de la bancada del PRD.
También negó que endosara un cheque a favor de Rubén Arosemena, legislador presidente de la Asamblea en esa fecha, para que aprobara el Cemis. El cheque fue hallado en un allanamiento del MP a las oficinas del consorcio en 2002.
En esa diligencia, también se halló en su oficina una agenda, en la que estaban apuntados nombres de legisladores y directivos del PRD, junto a sumas de dinero. Una secretaria dijo que la letra se parecía a la de su jefe y peritos del MP determinaron que la escritura era del puño y letra de Jones.
“De dónde salió, tengo mis sospechas. Pero dicho documento no fue redactado por mí”, afirmó.
También negó que el dinero para aprobar el Cemis vino en un avión procedente de Cuba, como declaró el ex embajador de Panamá en Brasil Jorge Chandeck, quien citó, a su vez, al ex legislador Manuel De La Hoz.
Jones aceptó que su socio Rodin tenía negocios en Cuba, pero que es imposible sacar de la isla grandes sumas de dinero en efectivo.
