Una querella penal para que se investigue al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; al director de la Policía, Gustavo Pérez, y a los jefes de las zonas policiales de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas que dirigieron la “represión contra indígenas” en Changuinola, fue presentada ayer por un grupo de 11 abogados.
La denuncia es por la presunta comisión del delito de homicidio, abuso de autoridad e infracción de deberes.
Los querellantes también piden la separación inmediata de Mulino, Pérez, y los jefes policiales.
El grupo insiste en que durante los disturbios de hace dos semanas en Changuinola, murieron seis personas y no dos, como oficialmente ha reconocido el Gobierno.
Sostienen que en la morgue de Changuinola hay seis cadáveres, entre ellos los de Einar Quintero, Marcelina Carpitero, Florinda Peña y varios niños, que se presume fallecieron por asfixia y otras lesiones derivadas de los enfrentamientos.
También solicitan esclarecer la muerte de Leandro Santos, cuyo cuerpo fue encontrado en un platanal cerca de donde murió Virgilio Castillo, una de las dos víctimas reconocidas por el Estado.
El grupo también demandó investigar el paradero de Valentín Palacios, obrero bocatoreño de 38 años, desaparecido desde el pasado 8 de julio.
Igualmente, se informó que en el Hospital Santo Tomás están Mateo Palacios y Armando Becker, ambos heridos de bala, mientras que Arcenio Rodríguez y Alfredo Jiménez quedaron ciegos por disparos de perdigones, y Tácito Taylor sufrió lesiones en los pulmones por la misma causa. En total, 148 personas fueron heridas durante los enfrentamientos.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha abierto una investigación de oficio por las muertes en Changuinola, ni por el “uso excesivo” de la fuerza por parte de la Policía para reprimir las protestas.
La única investigación en curso es contra 187 obreros bananeros, por atentar contra la seguridad colectiva.
