Luego de la condena a cinco años de prisión dictada al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, sectores políticos y de la sociedad civil esperan que la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional tramite unas 20 denuncias contra miembros del máximo tribunal de justicia.
Entre los magistrados denunciados ante el legislativo está el actual presidente de la CSJ y exprocurador de la Nación, José Ayú Prado, nombrado en 2012 por el entonces mandatario Ricardo Martinelli.
Ayú Prado fue denunciado en 2013 por la actual diputada Zulay Rodríguez, quien afirmó que, mientras ocupaba el cargo de procurador, y ayudado por los fiscales Frank Torres y Ricardo Solís, este obligó a Mayté Pellegrini a retractarse de una primera declaración en la que vinculó a Martinelli con el caso Financial Pacific, a cambio de su libertad y la de su familia.
Además, enfrenta una denuncia criminal por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público presentada por Rosendo Rivera.
La acción legal fue interpuesta luego de que en una entrevista, César Segura, conocido como “El Florista”, revelara que fue obligado a devolver un lote en Paitilla por el entonces procurador Ayú Prado.
El magistrado presidente de la Corte tiene otras dos denuncias por abuso de autoridad y extralimitación de funciones interpuestas por David Sitton Burgos, en representación del juez penal de Adolescentes de la provincia de Colón y de Guna Yala, Juan Domingo Ibarra.
En ambas se solicita que Ayú Prado sea separado del cargo y se le investigue y sancione penalmente por delitos de omisión de funciones, corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias, peculado de uso, abuso de autoridad y delitos contra la administración pública.
De acuerdo con Sitton Burgos, cuando Ayú Prado ejercía como jefe del Ministerio Público nombró como fiscal superior de Adolescentes a Zueleika Moore sin que reuniera los requisitos que exige la ley, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley 40 de 1999.
Mayor agilidad
Para Carlos Lee, director ejecutivo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, amerita que la comisión de Credenciales de la Asamblea adelante esos procesos y determinar si tienen fundamento legal.
“Después de la experiencia del caso Moncada Luna la ciudadanía está exigiendo agilidad en estos casos con el fin de tener una Corte Suprema que goce de confianza, ya que existe la percepción de que no están administrando justicia con transparencia”, indicó.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, manifestó que para los casos pendientes será responsabilidad de la Asamblea cumplir el cometido de por lo menos preguntarle a los magistrados cuál es su participación en las acusaciones.
“La Asamblea no puede tener expedientes aguantados, porque esto puede llevar en el fondo a otros tipos de arreglos bajo la mesa, por el hecho de que los diputados investigan a magistrados y estos a su vez procesan a los diputados. No se pueden permitir esos jueguitos de chantaje de la Asamblea hacia los magisrados de la Corte y viceversa”, advirtió.
Fin a caso Moncada
El presidente de la Comisión de Credenciales, el panameñista Luis Barría, es consciente de que los expedientes deben ser analizados, pero antes habrá que darle conclusión al proceso seguido al exmagistrado Moncada Luna.
Expresó que la ley es clara y plantea que la fiscalía y las juezas de garantías inician y dejan de existir una vez se dicte sentencia, por lo que esa instancia legislativa tendrá que discutir el cierre del expediente o la posibilidad de remitirlo al Ministerio Público.
Otros procesos en Asamblea
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, Víctor Benavides, Oydén Ortega, Luis Mario Carrasco y Abel Zamorano también tienen procesos en la Asamblea Nacional.
Díaz fue denunciado por el abogado Roniel Ortiz, en representación de Liliana Morales, por delito de acoso laboral, sexual y psicológico.
Díaz, Benavides y Carrasco también enfrentan otra denuncia que interpuso el Suntracs por el fallo que dejó en libertad a Rogelio Ramos, alias Juana
Peña, quien había sido condenado a prisión por presuntamente ser el responsable del crimen del obrero Osvaldo Lorenzo.
Abel Zamorano, fiscal del caso Cemis, tiene una denuncia que le interpuso el expresidente Martín Torrijos por abuso de autoridad en el manejo de la investigación del caso.
Además, el magistrado Ortega fue querellado penalmente en la Asamblea por el abogado Víctor Crosbie Castillero, quien lo acusa de delitos contra la administración pública.
