Aunque es prohibido el uso de oficinas públicas para el proselitismo político y exaltar la figura de cualquier candidato a cargo de elección popular, hay evidencias de que estas normas fueron burladas en la pasada contienda electoral.
Las oficinas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en Chitré –en la provincia de Herrera– se convirtieron en bastiones de propaganda política de los entonces partidos oficialistas Cambio Democrático (CD) y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).
El diputado impugnado por CD Manuel Cohen, quien busca recobrar una curul, promocionó abiertamente su imagen tanto en el Ifarhu como en Ampyme, así como su copartidaria y exministra de esta última entidad Giselle Burillo, quien aspiraba llegar a la Asamblea Nacional.
En plena campaña proselitista en los meses que antecedieron los comicios de mayo pasado, y ante la mirada atónita de padres de familia y funcionarios del Ifarhu, Cohen colgó enormes afiches promocionando su imagen, junto a la de Ricardo Martinelli –dentro y fuera de la entidad– mientras estudiantes del Centro Básico General Presidente John F. Kennedy, de La Arena de Chitré, retiraban los cheques de sus becas.
La evidencia del hecho quedó plasmada en fotografías que colaboradores de Cohen publicaban en Facebook, a manera de propaganda.
Personal de Cohen apostado en la entrada de la institución, con listas en mano, verificaban los nombres de los niños y sus padres antes de que retiraran las becas. Poco después –reveló uno de los presentes– el suplente de Cohen, Francisco Ríos, llegó al lugar “saludando y promocionando la figura de Cohen”.
“Los funcionarios estaban asustados y no se atrevían a entregar las becas a los niños por la presencia y logística política del personal de Cohen, pero recibieron la orden de que tenían que hacerlo”, narró la fuente, que prefirió el anonimato por temor.
La irregular situación se incrementó a partir de 2012, a pesar que la Constitución Política prohíbe en su artículo 136 el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, así como actividades de propaganda y afiliación partidista en oficinas públicas.
Lo mismo –insistió la fuente– sucedió en los ministerios de Salud y Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
“Hasta la esposa de Cohen [Luz Estela Donoso de Cohen] daba directrices a los funcionarios al momento de ir a las comunidades a brindar servicios de salud o repartir materiales de construcción a familias específicas”, dijo la fuente.
Varias de las entregas de materiales de construcción también quedaron plasmadas en una página web dedicada a las actividades proselitistas de Cohen, la cual ya fue desactivada.
En los actos de “donación”, el diputado tránsfuga del Partido Panameñista se hizo acompañar de Ramón Darío Pérez, por entonces director del Miviot en esa región.
Pérez portaba una gorra del “Mivi” y vestía un suéter amarillo con propaganda de Cohen.
El apoyo a Cohen –que busca reelegirse este domingo 21– también fue patente en reuniones de capacitación que hizo Ampyme, en las que no solo colgaban banners con su rostro, sino que participaba activamente con Burillo en la entrega de certificados de participación a quienes recibían capacitación del programa “Capital Semilla”.
Burillo no se quedó atrás. En las capacitaciones que dio Ampyme también colocó grandes afiches con su rostro. En el cierre de uno de los adiestramientos, Burillo fue animadora y anfitriona, aseguró una de las participantes del evento.
El artículo 30 del Código Electoral advierte que está prohibido a los servidores públicos realizar actividades de propaganda y afiliación partidaria en horas laborables y utilizar la autoridad o influencia de sus cargos para servir intereses de determinados candidatos en el proceso electoral o de las organizaciones que los postulen.
Al ser cuestionado Cohen, dijo primero que estaba muy ocupado en una reunión y que se le llamara más tarde. Este medio volvió a llamar a Cohen, pero una joven identificada como Graciela Fuentes dijo que estaba “muy ocupado buscando votos. El lunes puede que se comunique con ustedes” y que no atendería al llamado.
MILLONES
Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela que el gobierno de Ricardo Martinelli desembolsó más de $400 millones en cinco años para que los diputados entregaran desde bicicletas hasta carros.
Los diputados por CD y Molirena fueron los más favorecidos, entre ellos, José Muñoz, con $15.7 millones; Dana Castañeda, con $11.2 millones; Mario Miller, con $9.2 millones; Yanibel Ábrego, con $9 millones; Francisco Alemán, con $8.9 millones, y Rubén Frías, con $8.3 millones.
Cohen recibió de estos fondos $13 millones, amparado en el manual “Procedimiento para el programa de gestiones comunitarias” que restituye las cuestionadas partidas circuitales.
Unos $10.4 millones, fueron depositados en la junta comunal de La Arena, en Chitré. Justo en el sector de La Arena era donde se desarrollaba la mayoría de las actividades, de acuerdo con los comunicados de prensa que divulgaba el personal de Cohen.
LOS DERROCHES EN PLAYA LEONA
Otra junta comunal, la de Playa Leona en La Chorrera –manejada por CD– también recibió millones de dólares en el pasado gobierno.
Esta junta comunal, manejada por Lilia Batista, recibió casi $10 millones en un lapso de cuatro años, de acuerdo con sus propias declaraciones.
Batista también busca este domingo reelegirse como representante de corregimiento por esa área y consolidarse como alcaldesa en La Chorrera, tras haber sido impugnada su proclamación.
A pesar de haber repartido bicicletas y bolsas con comida en busca de votos en las pasadas elecciones, Batista aseguró en una entrevista televisiva que no tenía un monto específico de comisión por administrar fondos de las partidas circuitales que algunos diputados le enviaban a la junta comunal que ella dirigía.
Sus mayores proveedores fueron los entonces diputados oficialistas Rubén Frías (CD); Héctor Aparicio (CD); Absalón Herrera (CD); Tito Rodríguez (Molirena), y Marcos González (CD). El diputado Herrera –del área comarcal– destinó más de $4 millones a esa junta comunal.
Batista dijo que “creía” que la Contraloría General refrendaba los fondos que ella manejaba desde la ciudad porque “no había control previo, sino posterior”.Se intentó obtener repetidamente la versión de Batista, pero su celular permaneció apagado y su buzón de mensajes, lleno.
