La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su “preocupación” por una opinión que emitió el hoy exprocurador de la Nación Giuseppe Bonissi, para que se vuelvan a penalizar los delitos de calumnia e injuria.
“La Relatoría Especial ha indicado que las sanciones penales aplicadas a los delitos contra el honor tienen un efecto inhibitorio e intimidante en el ejercicio de la libertad de expresión, y que esa vía resulta desproporcionada y verdaderamente innecesaria en una sociedad democrática”, destacó el organismo regional en su informe anual correspondiente al año 2010, recién divulgado la semana pasada.
El informe, que suscribe la relatora Catalina Botero, se refiere a la vista No. 24 del 17 de septiembre de 2010 de la Procuraduría General de la Nación, en la que Bonissi favoreció la declaración de inconstitucionalidad del artículo 193 del Código Penal (196 en la nueva numeración tras las últimas reformas), que señala cuáles son los servidores que no pueden exigir sanción penal por delitos contra el honor: los funcionarios de elección popular, magistrados, jueces, procuradores, ministros y jefes de entidades autónomas.
En la vista No. 24 de 2010, Bonissi favoreció la eliminación completa de la exclusión, de manera que todos los funcionarios puedan acudir a la vía penal en estos procesos. Su opinión surgió en medio del proceso por calumnia e injuria que presentó el ex secretario de Comunicación del Estado Alfredo Prieto contra el comentarista televisivo Juan Carlos Tapia.
“La utilización de mecanismos penales para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios puede constituir un medio de censura indirecta, por su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de relevancia pública”, advirtió la Relatoría en su informe anual.
