Recostados en el enrejado del Figali Convention Center, tres empleados contemplaban lo que ocurría del otro lado de la calle, en el portón de ingreso al relleno que hizo Jean Figali. Uno, cámara en mano, filmaba a una cuadrilla de tres trabajadores del Estado que, bien custodiada por más de 20 policías, colocaba un cartel en la puerta del relleno con la leyenda: “Propiedad del Estado”. A su lado, levantaba un mástil con el pabellón nacional.
Al rato, cuando el reloj marcaba las 8:30 a.m., los empleados de Figali se marcharon con la filmadora bajo el brazo. Ya no había nada que hacer. Justo media hora después, cuatro camionetas oscuras irrumpieron en el lugar. De una se bajó el presidente, Ricardo Martinelli.
–Buenas... ¿qué tal?– dijo y sin esperar respuesta se acercó a la entrada del relleno de Figali. Un segundo después, Martinelli empujó el portón e ingresó decidido al playón de tierra y arena convertido por las lluvias en un lodazal.
Así, el Gobierno tomó posesión ayer del relleno de la marina que construye sin permiso oficial el Grupo F. Internacional en Amador. “Estamos tomando posesión de este terreno ilegal. Esto pertenece al Estado” , dijo Martinelli, tras entrar al relleno acompañado de gran parte de su Gabinete. A los pocos minutos, llegó el vicepresidente, Juan Carlos Varela.
“En este país está bueno de que unos pocos sinvergüenzas hagan lo que les da la gana con el dinero del pueblo”, enfatizó el mandatario, mientras recorría el lugar en el que ningún funcionario de la gestión de Martín Torrijos osó poner un pie.
La custodia –por parte del Estado– del relleno de Figali, y la acción del propio Presidente se comenzaron a concretar hace varios días en el Palacio de las Garzas. Los asesores del Gobierno –dijeron fuentes oficiales– trabajaron horas extras para darle un marco legal al procedimiento. Todo, en el más absoluto secreto.
Ahora, solo resta que la junta directiva de la AMP ratifique la anulación del contrato que se ordenó en 2007.
¿Por qué no se ratificó antes? La historia es larga: Figali firmó en 2002 con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dos contratos para rellenar ribera y fondo de mar que suman 7.7 hectáreas. Sin embargo, el titular del Grupo F. Internacional rellenó más del doble.
El 26 de octubre de 2006, el ex administrador de la AMP Rubén Arosemena suspendió los trabajos y solicitó, además, que se retirara todo el relleno hecho hasta entonces. La AMP argumentó que las obras no se correspondían con lo dispuesto en los contratos. El 22 de mayo de 2007, el mismo organismo fue más allá y comunicó la anulación del contrato “debido al incumplimiento del objeto para el cual fueron otorgados”. La respuesta de Figali no se hizo esperar: culpó al Estado del “deterioro” de su negocio y lo demandó ante la Corte Suprema por más de mil millones de dólares. También Figali presentó otro recurso ante la Sala Tercera para que se declare inconstitucional la anulación del contrato por parte de la AMP.
Sin embargo, el máximo tribunal falló contra este último pedido de Figali el pasado 14 de abril y declaró que la AMP tiene competencia para dejar sin efecto el contrato del Grupo F. Internacional. Con esta decisión en firme, solo falta la ratificación de la junta directiva de la AMP. Eso cerrará el círculo que comenzó ayer con la recuperación del relleno.
Casi al final del recorrido, Martinelli le dijo a uno de sus colaboradores que quitara la cerca del área. Y lanzó un último mensaje: “El que entra aquí, sea Figali o cualquier persona, se le meterá preso. Se acabó el relajo”, dijo.
Winston Spadafora y Jean Figali: vínculos peligrosos
En septiembre de 2007 llegó a la Asamblea Nacional una denuncia contra el magistrado Winston Spadafora. Desde esa fecha, el escrito recoge polvo en algún cajón de la Comisión de Credenciales.
¿Cuál fue el motivo de la denuncia? Sus supuestos vínculos con el empresario Jean Figali. La acusación la presentó el ex secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) Carlos Ernesto González De La Lastra.
Un dato llamaba la atención del ex funcionario: hasta 2007, Figali había presentado siete recursos ante la Corte Suprema para poder allanar el camino de la construcción de su marina en Amador. Y en todos salió favorecido, gracias a los fallos de Spadafora, y su suplente, Jacinto Cárdenas.
“Es un hecho público y notorio la relación que mantienen el magistrado Spadafora y Jean Figali”, dijo González De La Lastra cuando presentó su denuncia.
La Comisión de Credenciales nunca avanzó en la presentación contra Spadafora, que constaba de más de mil páginas. En ellas se escondía una supuesta relación comercial entre el titular del Grupo F. Internacional y el magistrado. En 1999, Figali pidió al Hamilton Bank –a través de su empresa Figaltex Inc.– un crédito por 2 millones de dólares que en ese momento no pagó. Por eso, la entidad financiera presentó una acción judicial contra Figaltex Inc. y las otras 13 empresas que presentó como garantes del crédito. El juicio se inició el 2 de julio de 2001.
Una de esas 13 empresas era Crillón Real Estates Corp, de quien Figali fue el representante legal. Tras pasar por varias manos, el 10 de abril de 2002 –en medio del juicio– Spadafora tomó las riendas de Crillón Real Estates Corp, empresa que es dueña del lujoso apartamento que ocupa el magistrado en Punta Paitilla.
¿Por qué Spadafora se puso al frente de una empresa que tenía la soga al cuello por culpa de Figali? La respuesta a esa pregunta nunca la dieron los diputados. El presidente, Ricardo Martinelli, dijo esto ayer cuando estaba en el relleno de Figali: “Está bueno de que le roben al Estado panameño tres monigotes con contactos en la Corte”.
Contrato del Miramar, en la mira
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, dijo ayer que revi-sará la concesión que le dio la gestión de Martín Torrijos al hotel Miramar –propiedad del empresario Herman Bern– para la construcción de 331 estacionamientos privados en el corazón de la cinta costera.
“Aquí hay concesiones que se dan, y se regalan las cosas”, dijo. Y agregó: “Vamos a revisar a [Herman] Bern, que tiene un estacionamiento que está construyendo él y a la vez el Estado le va a devolver lo que dice que ha gastado en el estacionamiento que es para su uso privado. Eso no puede ser”.
El contrato de concesión a Miramar Development Corporation se firmó el 7 de octubre de 2008 y fue refrendado por la Contraloría dos meses después. Los estacionamientos bajo tierra ocupan casi una hectárea y están ubicados a metros de las instalaciones del hotel.
Según el acuerdo, el Estado no recibirá un centavo de la concesión porque –en el contrato– se le permitió al Miramar descontar del canon mensual el costo de la construcción de los estacionamientos para uso de sus clientes. “Vamos a revisar ese contrato”, insistió el jefe de Estado.
Pero ese no es el único contrato que le otorgó Torrijos a la empresa Miramar Development Corporation. El 1 de septiembre de 2008, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le concedió un permiso provisional al Miramar para el uso de 5.3 hectáreas de fondo de mar, para la reubicación de la marina del hotel tras la construcción de la cinta costera.
Por esta área, la tarifa fijada fue de 11 centavos por metro cuadrado. Dicho de otra forma: el hotel paga 5 mil 897 dólares mensuales por el uso de esa área.
El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, dijo que ese contrato no será refrendado por la Contraloría General, y volverá a ser tratado en el Consejo de Gabinete.
Junto con ese contrato, el gobierno examinará también los terrenos que Torrijos le otorgó al Club de Yates y Pesca. Vallarino añadió que los terrenos que ocupa el club debieron revertir al Estado.
Sin embargo, Torrijos le entregó esa área al Yates y Pesca, a pesar de que la Ley 3 del 26 de enero de 1959 aclaraba que por motivos de interés nacional (como fue la construcción de la cinta costera), el Estado podía reclamar el terreno, sin costo. Incluso con las mejoras realizadas.
