El Gobierno decidió cancelar los contratos de operación de máquinas tragamonedas de las empresas Comput Bingo S.A., Competiciones Deportivas S.A., Lucky Games S.A. y Silver Cup S.A., concesiones otorgadas de forma directa, “sin haber participado en ninguna licitación pública”.
Además, ordenó el cierre de cuatro salas de máquinas tipo “A” en Penonomé, Bugaba, Changuinola y Las Tablas de las empresas Silver Cup y Lucky Games.
La secretaria de la Junta de Control de Juegos (JCJ), Giselle Brea, comentó que la medida busca reducir la cantidad de salas de juego y “brindar una respuesta satisfactoria tras el escándalo de los accionistas minoritarios de la empresa Gaming & Service de Panamá S.A.”.
Las decisiones tomadas por el Ejecutivo tocan especialmente a CIRSA, que deberá pagar seis millones de dólares, por lo que el Gobierno llamó “el mal uso de las equiparaciones”.
Finalmente se le otorgó 30 días a la empresa Gaming & Services de Panamá S.A., para que entregue a la JCJ una declaración jurada certificando que la española CIRSA es propietaria del 100% de sus acciones y que no existe otro beneficiario.
Brea informó que hoy se presentará a la Asamblea un proyecto de ley para modificar el Decreto Ley 2 de 1998 que regula la explotación de los juegos de suerte y azar, para aumentar los impuestos y regular los procedimientos.
Roosevelt Lito Thayer, supuesto accionista de la empresa Lucky Games S.A., no quiso comentar la decisión del Gobierno, que dijo no conocer.
(Con información de Shelmar Vásquez, Leonardo Flores y José González).
VEA Cambios a ley de juegos de azar
