La representación legal del empresario Joseph Martín Rodin –uno de los tres imputados en el caso Cemis– solicitó a la Corte Suprema de Justicia que decrete la prescripción de la acción penal en las acusaciones de corrupción formuladas por el Ministerio Público en 2002.
Morabia Guerrero, abogada de Rodin, solicitó a la Corte que tome en cuenta los siete años que han transcurrido desde que se le formuló esta acusación a su cliente.
Además de Rodin, también fueron sindicados por este caso su socio Stephen Jones y el diputado Carlos Afú.
La investigación no prosperó, porque la Corte determinó, en 2003, que el Ministerio Público violó los procedimientos al empezar la investigación de varias personas que gozaban de fuero legislativo.
Esta petición de la defensa de Rodin se suma a los otros cuatro recursos presentados contra la reapertura de este caso, ordenado por el pleno de la Corte desde julio pasado.