Al juez tercero de circuito penal, Adolfo Mejía, le corresponderá confirmar si la tragedia del helicóptero SAN-100, en la que murieron 11 de sus 12 ocupantes en mayo de 2008, fue un hecho culposo –como sostiene el Ministerio Público– y no doloso.
El Segundo Tribunal Superior de Justicia envió este caso a la esfera de circuito, luego que en abril pasado la entonces fiscal tercera superior, Argentina Barrera, mandara las conclusiones de su investigación, en las que señala que se trata de un caso de homicidio culposo, producto de un “error humano” y que no halló vestigios de dolo en la actuación de los implicados.
La resolución del Tribunal, que lleva la firma de los magistrados Luis Mario Carrasco y Joaquín Ortega, determinó que esa esfera penal no tenía competencia y, por tanto, se inhibía de conocer el caso.
Los 14 tomos de este expediente fueron remitidos ayer al despacho del juez Mejía, informaron fuentes del Órgano Judicial.
Según manifestó Barrera en su vista fiscal, “en el expediente no existe un señalamiento o evidencia que apunte a concluir que exista mano criminal que buscara el resultado muerte para los afectados”.
La investigación también determinó que hubo errores de criterio por parte del piloto del helicóptero y que la maniobra que realizó para aterrizar no fue la adecuada, según el reglamento.
En esta tragedia aérea fallecieron el jefe de los Carabineros de Chile, José Bernales; su esposa Teresa, y sus compatriotas Javier Orozco Ugalde, Mauricio Fuenzalida, Oscar Tapia Bacigalupo y Carolina Reyes.
También murieron los oficiales panameños María Angélica Celis, Calixto Cedeño, Reynaldo Serna, Gerardo Polanco y el piloto Juan Delgado. El único sobreviviente fue el copiloto Ernaldo Carrasco. Por este caso está pendiente un reclamo de indemnización que presentaron los propietarios del almacén Banana Price, que resultó afectado por la colisión del helicóptero.
