La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo al proyecto de ley 465 –que busca regular el contenido de los medios de comunicación en Panamá– al considerar que se trata de "una intromisión en los contenidos y una violación al derecho a la propiedad de las empresas periodísticas".
La propuesta del diputado del partido Cambio Democrático (CD) Noriel Salerno obliga a los medios radiales y televisivos a insertar mensajes educativos, culturales o sobre docencia electoral por cada cinco anuncios emitidos en su programación. Además, la iniciativa obliga a los diarios a insertar en cada edición por lo menos dos mensajes educativos, culturales o electorales.
A través de un comunicado, el presidente de la SIP, Matt Sanders, manifestó su alarma por el contenido del proyecto que "aunque podría tener buenas intenciones, conlleva graves violaciones al entrometerse el Estado en actividades privadas y en el criterio editorial de los medios".
"Es una intromisión en los contenidos de los medios y una violación al derecho a la propiedad de las empresas periodísticas", remarcó Sanders, director sénior y gerente general de Deseret Digital Media de Salt Lake City, Utah.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, llamó a los diputados de la Asamblea Nacional a rechazar el proyecto de ley porque "lamentablemente tiene características similares a las impulsadas y/o aprobadas en otros países", que han tenido como punto de partida una preocupación ciudadana, pero se han convertido en mecanismos de censura y actos confiscatorios de los espacios en los medios por parte de los gobiernos.
"Si bien la misión de los medios está íntimamente ligada a la educación cívica, ello no puede ser impuesto por un ente gubernamental ni estar sujeto a la discrecionalidad burocrática sin riesgo de convertirse en una herramienta de propaganda", planteó.
Rock, quien dirige el portal digital La Silla Rota de ciudad de México, recordó que leyes mordaza –como la de comunicación de Ecuador– estuvo cargada de "buenas intenciones", pero fue luego en su reglamentación donde aparecieron todas las restricciones, prohibiciones y multas que hicieron del gobierno de Rafael Correa uno de los más censores de esta época.
El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión también han cuestionado la iniciativa, al coincidir en que el proyecto atenta contra una serie de principios elementales consagrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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