Los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avalaron el nombramiento interino, y sin tomar en cuenta la ley de Carrera Judicial, de los funcionarios que trabajarán en el sistema penal acusatorio (SPA), que entrará en vigencia en el Primer Distrito Judicial a partir del 2 de septiembre de 2016.
Todo está consignado en tres acuerdos del pleno, fechados el 27 de julio, en los que se detalla que el presidente de la entidad, José Ayú Prado, puso a consideración de sus colegas los nombramientos “interinos” de magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, jueces, defensores públicos y directores de oficinas, entre otros, que trabajarán en el SPA.
Ayú Prado admitió que en las designaciones de este personal que laborará en el Primer Distrito Judicial –Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan– no se tomó en cuenta la ley de Carrera Judicial.
Entre los nombrados figura personal de confianza de Ayú Prado y sus colegas.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, quien coordina la Comisión de Estado por la Justicia, dijo ayer que aún espera una respuesta de Ayú Prado sobre el nombramiento de 931 funcionarios que laborarán en el SPA.
LOS CARGOS 'INTERINOS' DEL SPA
Un nuevo capítulo surge ahora relacionado con uno de los temas clave de la administración de justicia del país: el nombramiento del personal que trabajará en el sistema penal acusatorio (SPA), que entrará en vigencia a partir del próximo 2 de septiembre en el Primer Distrito Judicial, que abarca las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan.
De conformidad con los acuerdos 397, 398 y 399 del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –disponibles en la página web del Órgano Judicial– las designaciones de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, jueces, defensores públicos y directores de las oficinas que laborarán en el SPA son interinos.
En los citados documentos se detalla, además, que el miércoles 27 de julio pasado se reunió el pleno de la Corte y que en ese encuentro el magistrado presidente de ese tribunal, José Ayú Prado, informó que el motivo de esa reunión era “considerar los nombramientos interinos” de los cargos arriba mencionados.
Recibió el apoyo del resto de sus colegas. Es decir, de Cecilio Cedalise, Harry Díaz, Jerónimo Mejía, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, Abel Zamorano, Oydén Ortega y Ángela Russo, quienes dejaron su firma en los acuerdos.
VIEJOS CONOCIDOS
En las notas se registran los nombres y salarios de los elegidos, que oscilan entre $3 mil y $6 mil. Por ejemplo, allí figura Frank Torres Ruiz, designado como juez de garantías, quien laboró como fiscal decimotercero de circuito cuando Ayú Prado fungió como procurador de la Nación.
Su nombre cobró relevancia en 2012, cuando en su condición de fiscal le tomó declaración indagatoria a la exempleada de la casa de valores Financial Pacific Mayte Pellegrini, en la que ella se retractó de las acusaciones al expresidente Ricardo Martinelli sobre la existencia de una cuenta denominada High Spirit, que supuestamente era del exmandatario y presuntamente se utilizaba para manipular el mercado de valores con las acciones de la minera Petaquilla.
También figura Giovaninna Antinori, coordinadora del despacho del presidente de la Corte, nombrada magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá.
En la lista, que está disponible en la web del Órgano Judicial, se pueden leer los nombres del personal de confianza del resto de los magistrados. Y es que Ayú Prado admitió que las designaciones de este personal no se hicieron conforme a lo que dicta la Ley 53 de 2015, porque no se asignaron los suficientes fondos para implementar la carrera judicial.
El hecho generó críticas por parte de los integrantes de la Comisión de Estado de la Justicia, quienes a través de una carta le pidieron explicaciones a Ayú Prado sobre los 931 funcionarios que forman parte del SPA.
Ayer, miembros de este grupo volvieron a alzar su voz por la interinidad de los que estarán encargados del SPA. Carlos Lee, miembro de la agrupación, dijo que la situación “es preocupante”. Recordó que tanto la Constitución como la Ley 53 establecen un procedimiento para hacer estos nombramientos. “No existe ninguna justificación para que el presidente de la Corte no la cumpla”, añadió.
José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que, sean interinos o permanentes, los nombramientos del SPA deben estar apegados a la ley de Carrera Judicial. “(...) No entendemos qué lógica tiene hacer nombramientos interinos. [Eso es] doble gasto. Lo que tiene que hacer la Corte es crear una oficina de recursos humanos (...)”, planteó.
Magaly Castillo, representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia en la Comisión de Estado por la Justicia, consideró que “el problema” es que “las decisiones que ellos tomen no son provisionales, sino obligatorias”.
“Los ciudadanos tenemos derecho a una justicia administrada por jueces que lleguen a esos puestos por méritos y ejecutorias y no por amiguismos. Tenemos derecho a que nuestros conflictos sean resueltos por jueces que gocen de estabilidad y que no sientan temor de fallar”, sustentó.
El aporte del MEF al sistema
Frente a los cuestionamientos sobre los pocos recursos que el Gobierno ha destinado para la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, a partir del próximo 2 de septiembre, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, recordó que aprobó un traslado de partida por $9.5 millones al Órgano Judicial para este fin. A juicio del ministro, la partida es “una ayuda”. Reconoció que no solo en el tema de la justicia faltan fondos. “Faltan más recursos para educación, salud, ambiente, pero lastimosamente tenemos los recursos que los panameños pagamos de nuestros impuestos, más los aportes del Canal y de las empresas mixtas, y estos recursos hay que repartirlos entre todas las instituciones”, alegó. En las últimas semanas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Estado por la Justicia, el Consejo Judicial y sectores de la sociedad civil han apelado al Gobierno para que incremente los fondos del SPA.
