La eventual reactivación de la Sala Quinta de Instituciones de Garantías quitará a los magistrados de la Sala Penal la facultad de autorizar las interceptaciones telefónicas y filmación de personas perseguidas por la posible comisión de un delito.
La Ley 32 del 23 de julio de 1999, que creó la Sala Quinta, enumera entre sus funciones la de conocer las peticiones hechas por el Procurador General de la Nación para filmar, y grabar conversaciones y comunicaciones telefónicas, cuando se trata de la investigación de delitos graves.
El procurador, José Ayú Prado, dijo que esperará a que los nuevos magistrados estén en su puesto para ver cómo se trabajará en estos casos.
Para la ex magistrada Esmeralda de Troitiño, quien por tres años fue parte de la Sala Penal, los miembros de la Sala Quinta deberán tener una “absoluta probidad”, ante lo delicado de estas facultades.
Consideró que la escogencia de los magistrados debe estar sujeta a escrutinio de la ciudadanía, “ya que lo delicado de la posición exige una claridad moral y profesional de quienes sean designados en estos cargos”.
El nombre de los elegidos es una gran interrogante.
Desde que hace dos semanas el presidente de la Corte, Aníbal Salas, anunció que el pleno decidió (por ocho votos a favor y un salvamento) declarar la inconstitucionalidad de la Ley 49 del 24 de octubre de 1999 que eliminó la Sal Quinta, la Presidencia no ha dicho quiénes serán los seis magistrados (tres principales y tres suplentes) que integrarán la futura Sala. El mandatario Ricardo Martinelli se fue el lunes a Davos, Suiza, sin despejar esta incógnita. Supuestamente regresa al país el fin de semana.
Nunca se ha informado oficialmente la cantidad de grabaciones que se autorizan. Pero Troitiño dijo que cuando ella era parte de la Sala Penal, se recibían entre cuatro y cinco solicitudes al mes de parte del Ministerio Público.
Las escuchas son autorizadas por un período de 15 días y, al final, se debe remitir a la Corte un resumen de la información obtenida y cuál será su uso.
Pronosticó que la Sala Quinta solucionará provisionalmente el problema de la “lentitud” en la resolución de los recursos de amparo de garantías, y hábeas corpus –otras de sus facultades–, pero que pronto se cerrará “el cuello de botella” por el creciente volumen de casos.
En tanto Mariblanca Staff, una de los tres magistrados defenestrados de la Sala Quinta, reiteró que acudirá a los tribunales para reclamar el pago de salarios caídos. También demandará al Estado por daños y perjuicios.
Staff aseguró que declarar inconstitucional la Ley 49 de 1999, implica que haberla dejado sin su cargo de magistrada también fue un acto inconstitucional.
Dijo que esperará que salga el fallo, para conocer en detalle la decisión del pleno y entonces proceder a realizar el reclamo legal.
