“Reservar en la ciudad de Panamá un área natural que contribuya a mantener el equilibrio entre el medio natural y su hábitat urbano en particular, a fin de prevenir la contaminación y propiciar un ambiente sano” fue el objetivo por el que se aprobó, en 1985, la Ley 8, que establece el Parque Natural Metropolitano como un área protegida.
Doce años después, la realidad es otra.
Primero fue el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezado en su momento por Ernesto Pérez Balladares, que en 1995 vio en esa área protegida un estorbo para el desarrollo del Corredor Norte y, al final, logró que la ley se modificara para permitir la construcción de la vía.
En 2010, es el gobierno del “cambio”, liderado por los partidos Cambio Democrático y Panameñista, el que enfila su artillería legal y administrativa para hacer uso de otra parte de esas tierras. Esta vez, para construir una nueva sede para la Policía Nacional (PN).
Fuentes de grupos conservacionistas informaron que las intenciones del gobierno fueron comunicadas a los administradores del parque por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), el panameñista Alberto Vallarino y que la Unidad de Bienes Revertidos del MEF ha pedido que le entreguen los contratos de concesión que tiene el parque con las empresas que alquilaron las instalaciones que tenía el ejército de Estados Unidos en el área – como el Club Ecuestre Metropolitano–, las cuales representan el 40% de sus ingresos.
