La Corte Suprema de Justicia ordenó la separación del cargo y la suspensión del salario por 30 días a Joaquín Ortega, magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, por faltas administrativas incurridas en una audiencia por homicidio.
Así está consignado en un fallo del pasado lunes –con ponencia de Jerónimo Mejía– donde también consta que a Ortega se le aplicó la sanción más severa, previa a la destitución, porque en 1999 había sido ya sancionado disciplinariamente.
A Ortega se le sancionó por su actuación en la audiencia celebrada el 18 de septiembre de 2006, por el homicidio de César Gálvez, en Pacora, por parte de los policías Carlos Acosta, Mario Aizprúa y Luis Villarreal, condenados a 10 años de prisión.
El abogado de los policías, Donald Martín Hurley, presentó una queja en la que acusa al magistrado de actuar con parcialidad, al no admitir nuevas pruebas. También se le acusó de intromisión y manipulación del jurado de conciencia.
Otro abogado, Eliécer Pérez, también presentó una queja contra Ortega, ya que no permitió que los policías acusados estuvieran presentes en la audiencia.
